El Ejecutivo de Artur Mas ha anunciado que emprenderá acciones judiciales, por la vía civil y por la vía penal, contra varios periodistas. Les acusa de «fomentar el odio a Cataluña y a los catalanes», un clásico en el repertorio separatista. El mismo Gobierno autonómico que ―con absoluta impunidad― lleva años desacatando las varias sentencias del Tribunal Supremo en materia lingüística acudirá a la Justicia española.
La base de las imputaciones reside en un informe del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), órgano censor de la Generalidad, con una recopilación de frases presuntamente proferidas en diversos medios de Madrid, que trazan semejanzas del nacionalismo catalán con los totalitarismos. Entre los comunicadores a represaliar figuran Xavier Horcajo, José Antonio Sentís, Alfonso Merlos, Gabriel Albiac y Hermann Tertsch. Pero es, sin duda, Federico Jiménez Losantos quien protagoniza el citado estudio, el cual le achaca hasta 27 supuestas infracciones del artículo 57 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

del secuestro y el disparo en una pierna de
los que fue víctima a manos de terroristas
de Terra Lliure el 21 de mayo de 1981
Aunque expertos juristas coinciden en afirmar que esta ofensiva de la Generalidad tiene escasas probabilidades de prosperar en los tribunales, ya ha cumplido uno de sus objetivos: colocar a las personas mencionadas en el centro de las iras de las masas nacionalistas. Aquí, en la extremadamente convulsa sociedad catalana, donde el radicalismo crece peligrosamente por momentos y se suceden episodios de violencia como la de anteayer, cuando decenas de separatistas asaltaron la sede de UPyD en Barcelona y agredieron a un trabajador.
Y constituye también un aviso para navegantes. Una velada amenaza a todos aquellos que, aun no siendo tan famosos e influyentes como los ahora apuntados, osen mostrar sus discrepancias en el futuro; desde sus puestos de articulistas, de columnistas, de escritores, de locutores, de tertulianos... e incluso de humildes blogueros. En la jefatura del Estado y en el Gobierno de la nación siguen sin comprender ―o fingen no haberse enterado― que lo instaurado en Cataluña es un régimen antidemocrático y contrario a las libertades, un movimiento que arrolla implacablemente a todo el que no se doblegue. De manera sistemática, inmisericorde, ejemplarizante. Porque sabe que en el silencio sobre sus desmanes tiene a su mejor aliado.
Joan Carretero fue consejero de Gobernación de la Generalidad entre 2003 y 2006, y además de su involucración en escándalos de corrupción (acabó ante los jueces por la turbia recalificación de unos terrenos, y de él destapó la prensa en 2008 que llevaba casi dos años cobrando un jugoso sueldo de 32.000,04 euros como codirector de un hospital... que todavía no había empezado a construirse), también tiene en común con la actual casta dirigente catalana su interés por proclamar la secesión. Carretero es, hasta el día de hoy, quien más diáfanamente ha verbalizado las verdaderas intenciones del frente separatista. Lo pronunció el 27 de febrero de 2010, durante la inauguración en Gerona de una sede del partido extraparlamentario que preside, Reagrupament; y aunque, inexplicablemente, sus declaraciones pasaron desapercibidas para la prensa de difusión nacional, sí fueron reproducidas por algunos diarios regionales:
«Nos cargaremos a cualquiera que se interponga en nuestro camino, le daremos una patada en el culo, porque llevamos 300 años perdiendo y yo ya estoy harto de perder, ya hemos perdido demasiadas batallas».
Es la estrategia del miedo, la antigua táctica de amedrentar a quienes no se dejaron comprar por suculentos sueldos públicos o subvenciones. Pretenden que este sea tiempo de callar.