El pasado 13 de febrero, ese que nos llama «bestias con forma humana» y dejó diagnosticado que arrastramos una tara en nuestra «cadena de ADN» (aunque luego no le haga ascos a cobrar 152.861'54 euros anuales del dinero de todos los españoles, de los impuestos pagados en Málaga o Valladolid; un sueldo que representa casi el doble que el del Presidente del Gobierno de España), volvió a intentar timarnos retorciendo el lenguaje hasta sentenciar que la democracia está por encima de cualquier ley. Fue en el programa de Onda Cero Más de uno, donde su presentador y director, Carlos Alsina, vapuleó sin miramientos a Quim Torra haciéndole caer en sus propias contradicciones y descarnando lo mendaz de su discurso.
Formalmente, ese razonamiento del títere movido por Carles Puigdemont desde Waterloo podría parecer impecable. Mas no deja de ser una tramposa obscenidad. Porque plantea una dicotomía entre democracia y legalidad que no es tal en los sistemas parlamentarios, donde esta es consecuencia de aquella: las leyes emanan de la voluntad popular. Empezando por la Carta Magna, situada en la cúspide de la jerarquía normativa y fuente de todos de los poderes del Estado (incluidas las Autonomías).
Y por sus conocimientos como abogado, Torra lo sabía bien.
Pero frente a tan burdas manipulaciones, justamente ese día emerge el mensaje diáfano y elemental del fiscal Fidel Cadena desmontando las falacias separatistas, en el transcurso del juicio por el golpe de Estado que está desarrollándose en el Tribunal Supremo. De su memorable intervención, que se extendió durante 38 minutos, sobresalen estos tres del vídeo en que nos recuerda lo obvio. Esta es la transcripción íntegra:
«Hay una serie de verdades o posverdades en el proceso que no son ciertas. Son las formas de expresión que, repetidas mil veces, parecen equivaler a una verdad. Pero que no lo son en absoluto.»Todo el sustento ideológico descansa sobre diferentes valores. Primero: que la soberanía reside en el pueblo español. Ese es un valor absoluto que está proclamado por la Constitución. No se puede sustituir la soberanía del pueblo español por la soberanía de ninguno de los pueblos que lo integren. La sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo del 2014 [1], claramente establece, anulando y declarando inconstitucional la resolución cinco barra de la legislatura once [2], que la soberanía del pueblo catalán no es posible; que la “Constitución parte de la unidad de la nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español”, ¡del pueblo español!, “en el que reside la soberanía”. “La identificación de un sujeto” soberano distinto, de cualquier ente territorial, “dotado de” “condición de” “soberano”, resulta “contraria a las” normas y “previsiones de los artículos 1.2 [3] y 2 [4] de la Constitución”. “La unidad ideal de imputación del poder constituyente”, continúa la sentencia, es, de acuerdo con el “fundamento de la Constitución y del” orden jurídico, el soberanismo del pueblo español, “origen de cualquier” otro “poder político”. Un acto de soberanía que otorgase la condición de sujeto jurídico de soberanía a cualquier ente territorial menor, no podría dejar de suponer la exención simultánea y laderación de esa soberanía al resto de los pueblos que constituyen España».
Corte de la carretera C-35 con neumáticos y palés ardiendo a la altura de Santa María de Oló, dirección Manresa. Uno de los muchosprovocados horas antes del inicio del juicio por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), para coaccionar
«No hay pues una soberanía catalana, hay una soberanía española. Y está proclamada por la Constitución. Y por su intérprete máximo y único, el intérprete auténtico, que es —como digo— el Tribunal Constitucional. Esa soberanía del pueblo español ya ha sido resaltada. Se respeta en Italia y se respeta en Alemania. Y cuando el Tribunal Constitucional italiano o el Tribunal Constitucional alemán dicen [sic] que la soberanía reside en todo el pueblo alemán o reside en todo el pueblo italiano, se acaba la pretensión de la Liga Norte del Veneto o de Baviera. Y a nadie se le ha ocurrido tachar, ni al Tribunal Constitucional italiano, ni al Tribunal Constitucional alemán, ni al Estado español, ni al Estado italiano, ni al Estado alemán, de Estados opresores contra el orden democrático. Esa aceptación absoluta de esa verdad justifica la bondad democrática de esos pueblos que están tan próximos a nosotros en el entorno occidental.»No hay pues soberanía del pueblo catalán, hay soberanía del pueblo español. Aunque no existe el derecho de autodeterminación, y así ha sido puesto de manifiesto, el Tribunal Constitucional ha destacado también en muchas ocasiones (y concretamente en las sentencias de 2015 [5] y 2017 [6], que anulan las resoluciones, cinco once [7] la primera, y la ley 19 del 2017 [8] la segunda) que sí existe un derecho a decidir. Pero el derecho a decidir, en el marco de la Constitución, corresponde a todo el pueblo español. No puede otorgarse ese derecho a decidir fuera de los modelos previstos en la Constitución y en el artículo 168 [9] de la misma».
«No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos», razonaba a continuación el fiscal Cadena, quien añadió:
«No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional. No hay atajos, no hay extramuros. Salir del ámbito de la legalidad constitucional es colocarse en el ámbito de la ilegalidad. Y colocarse en el ámbito de la ilegalidad propende al autoritarismo».
