Liantes, siniestros y golpistas

El pasado 13 de febrero, ese que nos llama «bestias con forma humana» y dejó diagnosticado que arrastramos una tara en nuestra «cadena de ADN» (aunque luego no le haga ascos a cobrar 152.861'54 euros anuales del dinero de todos los españoles, de los impuestos pagados en Málaga o Valladolid; un sueldo que representa casi el doble que el del Presidente del Gobierno de España), volvió a intentar timarnos retorciendo el lenguaje hasta sentenciar que la democracia está por encima de cualquier ley. Fue en el programa de Onda Cero Más de uno, donde su presentador y director, Carlos Alsina, vapuleó sin miramientos a Quim Torra haciéndole caer en sus propias contradicciones y descarnando lo mendaz de su discurso.

Formalmente, ese razonamiento del títere movido por Carles Puigdemont desde Waterloo podría parecer impecable. Mas no deja de ser una tramposa obscenidad. Porque plantea una dicotomía entre democracia y legalidad que no es tal en los sistemas parlamentarios, donde esta es consecuencia de aquella: las leyes emanan de la voluntad popular. Empezando por la Carta Magna, situada en la cúspide de la jerarquía normativa y fuente de todos de los poderes del Estado (incluidas las Autonomías).

Y por sus conocimientos como abogado, Torra lo sabía bien.

Pero frente a tan burdas manipulaciones, justamente ese día emerge el mensaje diáfano y elemental del fiscal Fidel Cadena desmontando las falacias separatistas, en el transcurso del juicio por el golpe de Estado que está desarrollándose en el Tribunal Supremo. De su memorable intervención, que se extendió durante 38 minutos, sobresalen estos tres del vídeo en que nos recuerda lo obvio. Esta es la transcripción íntegra:

«Hay una serie de verdades o posverdades en el proceso que no son ciertas. Son las formas de expresión que, repetidas mil veces, parecen equivaler a una verdad. Pero que no lo son en absoluto.

»Todo el sustento ideológico descansa sobre diferentes valores. Primero: que la soberanía reside en el pueblo español. Ese es un valor absoluto que está proclamado por la Constitución. No se puede sustituir la soberanía del pueblo español por la soberanía de ninguno de los pueblos que lo integren. La sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de marzo del 2014 [1], claramente establece, anulando y declarando inconstitucional la resolución cinco barra de la legislatura once [2], que la soberanía del pueblo catalán no es posible; que la “Constitución parte de la unidad de la nación española, que se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, cuyos poderes emanan del pueblo español”, ¡del pueblo español!, “en el que reside la soberanía”. “La identificación de un sujeto” soberano distinto, de cualquier ente territorial, “dotado de” “condición de” “soberano”, resulta “contraria a las” normas y “previsiones de los artículos 1.2 [3] y 2 [4] de la Constitución”. “La unidad ideal de imputación del poder constituyente”, continúa la sentencia, es, de acuerdo con el “fundamento de la Constitución y del” orden jurídico, el soberanismo del pueblo español, “origen de cualquier” otro “poder político”. Un acto de soberanía que otorgase la condición de sujeto jurídico de soberanía a cualquier ente territorial menor, no podría dejar de suponer la exención simultánea y laderación de esa soberanía al resto de los pueblos que constituyen España».

Corte de la carretera C-35 con neumáticos y palés ardiendo a la altura de Santa María de Oló, dirección Manresa. Uno de los muchos
provocados horas antes del inicio del juicio por los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR), para coaccionar

«No hay pues una soberanía catalana, hay una soberanía española. Y está proclamada por la Constitución. Y por su intérprete máximo y único, el intérprete auténtico, que es —como digo— el Tribunal Constitucional. Esa soberanía del pueblo español ya ha sido resaltada. Se respeta en Italia y se respeta en Alemania. Y cuando el Tribunal Constitucional italiano o el Tribunal Constitucional alemán dicen [sic] que la soberanía reside en todo el pueblo alemán o reside en todo el pueblo italiano, se acaba la pretensión de la Liga Norte del Veneto o de Baviera. Y a nadie se le ha ocurrido tachar, ni al Tribunal Constitucional italiano, ni al Tribunal Constitucional alemán, ni al Estado español, ni al Estado italiano, ni al Estado alemán, de Estados opresores contra el orden democrático. Esa aceptación absoluta de esa verdad justifica la bondad democrática de esos pueblos que están tan próximos a nosotros en el entorno occidental.

»No hay pues soberanía del pueblo catalán, hay soberanía del pueblo español. Aunque no existe el derecho de autodeterminación, y así ha sido puesto de manifiesto, el Tribunal Constitucional ha destacado también en muchas ocasiones (y concretamente en las sentencias de 2015 [5] y 2017 [6], que anulan las resoluciones, cinco once [7] la primera, y la ley 19 del 2017 [8] la segunda) que sí existe un derecho a decidir. Pero el derecho a decidir, en el marco de la Constitución, corresponde a todo el pueblo español. No puede otorgarse ese derecho a decidir fuera de los modelos previstos en la Constitución y en el artículo 168 [9] de la misma».

«No pueden unos pocos decidir sobre lo que es de todos», razonaba a continuación el fiscal Cadena, quien añadió:

«No hay legalidad democrática fuera de la legalidad constitucional. No hay atajos, no hay extramuros. Salir del ámbito de la legalidad constitucional es colocarse en el ámbito de la ilegalidad. Y colocarse en el ámbito de la ilegalidad propende al autoritarismo».

Décadas fanatizando

Isabel Fernández Alonso ha tenido el valor de publicar «El sketch de ‘Polònia’: medios, escuela y nacionalismo» (El Español, 23-10-2018). Ejerce los cargos de profesora titular y directora del Departamento de Medios, Comunicación y Cultura en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es tanto como decir que está en la boca del lobo: recordemos —entre otras— las agresiones sufridas en dicha institución académica por Rosa Díez (05-03-2010), las juventudes de Sociedad Civil Catalana (14-03-2017, 12-12-2016 y 19-04-2016, esta última, incluso con navaja), o por un estudiante que osaba lucir una camiseta con el logo de Ciudadanos (02-11-2006). Y su valentía queda doblemente confirmada al enterarnos de que además es miembro de la Asamblea por una Escuela Bilingüe.

La autora aborda en su texto la cuestión de la inmersión lingüística, piedra angular del nacionalismo catalán, en cuyo sustrato ideológico residen las teorías de Johann Gottfried von Herder. Al calor del Romanticismo, este filósofo y teólogo alemán nacido en 1744, enunció que en Europa las fronteras políticas no siempre se correspondían con las fronteras nacionales; y que la lengua es el principal rasgo definitorio de una nación, por cuanto la existencia de un habla distinta presupone la existencia de una comunidad humana que durante siglos ha evolucionado sin contacto con las de su entorno. Así, la implantación en la sociedad catalana de un monolinguismo en catalán («lengua propia»), paralela a la erradicación, a la extirpación del idioma español, llegando a tacharlo de anomalía («lengua extranjera», «lengua impuesta», etc.), les resulta esencial para reivindicarse como nación. Y para reclamar como propios los territorios que se han anexionado virtualmente en su fastasmagoría imperialista de los Països Catalans (‘Países Catalanes’):

«Nuestra lengua es lo que nos caracteriza como nación». Jordi Pujol, 31-07-2011.

«La lengua, ha de quedar claro, es el nervio de nuestra nación». Josep Antoni Duran i Lleida, 23-07-2011.

«La lengua catalana era como nuestro ADN, el material genético que nos definía. Con él, éramos quienes éramos en cualquier parte. Sin él, no seríamos quienes éramos ni siquiera en Sant Pere de Roda». Pasqual Maragall. Conferencia en la Universidad de Guadalajara (México), 26-11-2004.

«Madre de la nacionalidad, podríamos decir de la lengua. De todos los elementos que forman la nacionalidad, la lengua es el más potente, el más influyente, el más decisivo. […] La lengua constituye la más fuerte señal de la nacionalidad. El mapa lingüístico de Europa es, en sus grandes líneas, y aparte de unas pocas excepciones, el mapa de las nacionalidades». Antoni Rovira i Virgili (1882-1949). El principi de les nacionalitats, 1916.

«La lengua es la manifestación más perfecta del espíritu nacional y el instrumento más poderoso de la nacionalización, y por lo tanto de la conservación y vida de la nacionalidad». Enric Prat de la Riba (1870-1917). La nacionalitat catalana, 1906.

«La lengua catalana es hoy un arma política básica». Josep Armengou i Feliu (1910-1976). Nacionalisme català, 1977.

Una niña con una bandera secesionista ilustra el
acto recientemente celebrado bajo el lema:
‘La República comienza en las aulas’

La lengua como elemento identitario y excluyente. Enmascarando su imposición en las aulas como única lengua vehicular de la enseñanza bajo el falso pretexto de protegerla para evitar su desaparición (el catalán no figura en el Atlas UNESCO de las lenguas del mundo en peligro), cuando en realidad persigue segar todo vínculo cultural y emocional con el resto de España.

Esta es la transcripción del artículo de Isabel Fernández, incluyendo sus interesantísimos enlaces los cuales conviene no dejar de visitar:

«El exitoso programa de TV3 Polònia, supuestamente de sátira política, ha sido noticia por la emisión del sketch “Familia contra el adoctrinamiento” en el que se ridiculiza a un matrimonio castellanohablante, crítico con el monolingüismo y los contenidos que se imparten en la denominada escola catalana.

»El sketch podría tener gracia si no fuera porque ya en el Programa 2000 de Pujol se hablaba literalmente de “impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes”, de “reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza” o de “incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas”.

»El sketch podría tener gracia si no fuera porque la entonces consejera Ponsatí, máxima autoridad en materia de enseñanza en nuestra Comunidad, declaraba literalmente el 27 de julio de 2017, en vísperas del golpe a la democracia de septiembre, que: “En Enseñanza no necesitamos construir estructuras de Estado. Las tenemos listas”.

»El sketch podría tener gracia si no fuera porque la misma consejera destituyó y sustituyó a los directores de las escuelas e institutos que fueron colegios electorales durante el fin de semana del referéndum ilegal, asegurándose así de que los centros educativos, ¡y los menores!, se colocaban en el foco del enorme conflicto que claramente iba a producirse el 1 de octubre.

»El sketch podría tener gracia si no fuera porque un número nada desdeñable de miembros de la “comunidad educativa” catalana (entre ellos, el presidente del sindicato mayoritario de profesores USTEC-STEs) entregaron simbólicamente las llaves de estos centros al entonces presidente Puigdemont, para así facilitar la desobediencia al Tribunal Constitucional.

»El sketch podría tener gracia si no fuera porque existe un informe de la Alta Inspección del Estado que denuncia los contenidos de bastantes de los manuales que se utilizan en Cataluña.

»El sketch podría tener gracia si no fuera porque hay fuentes como este blog de Eduardo González Palomar que documenta, con miles de evidencias, la inaceptable invasión simbólica del espacio educativo por el nacionalismo, con lemas especialmente extendidos como el sectario “Por un país de todos, la escuela en catalán”».

Efectivamente la labor de Eduardo González Palomar es de lo mejor que hay en Internet. Un ingente testimonio fotográfico el suyo, alojado en Flickr, y complementado con una bitácora que lleva su nombre donde escribe desde hace más de doce años.

«El sketch podría tener gracia si no fuera porque hay familias que han sufrido un auténtico acoso por atreverse a exigir algunas horas de clase en español para sus hijos».

El enlace dirige hacia el vídeo sobre la intervención de una madre en el Parlamento Europeo denunciando la situación (a la izquierda). Su caso, paradigmático y representativo, generó los siguientes titulares de prensa: «Acoso a una familia de Balaguer por pedir educación bilingüe para sus hijos. CDC, Unió, ERC, la CUP y el PSC apoyan una concentración que exige el desacato a una sentencia del TSJC que ordena impartir un 25% de las clases en castellano» (Crónica Global, 08-09-2015); «Una familia renuncia al 25% de clases en castellano por el acoso vecinal. La madre de los dos menores de Balaguer asegura que no quiere imponer a nadie una lengua vehicular a la que creía que tenía derecho» (El País, 11-09-2015); «La presión nacionalista hace renunciar a los padres de Balaguer a la educación bilingüe. La familia acosada no pedirá la ejecución de la sentencia del TSJC que ordenaba a un colegio público impartir una asignatura en castellano» (Crónica Global, 11-09-2015).

Mas no ha sido la única familia hostilizada. Hostilizada... Y totalmente desamparada por los sucesivos Gobiernos de España, que con su silencio cómplice y su inacción, vienen colaborando desde los años 80 en esta sistemática violación de lo que son derechos constitucionales fundamentales: «“Pedí el 25% de clases en español y destrozaron la vida a mis niños”. Familias que pidieron la escolarización en castellano denuncian la “marginación social” que sufren» (El Español, 25-04-2016); «Así funciona la inmersión lingüística: amenazas, escraches, insultos y señalamiento de los niños. El testimonio de una madre ante el Parlamento Europeo denuncia las prácticas de la Generalidad, los profesores y las asociaciones de padres» (Libertad Digital, 05-04-2016); «“Mi hijo recibe amenazas por querer estudiar en castellano”. Enrique López ha logrado que los tribunales reconozcan un porcentaje de clases en español en Cataluña» (La Razón, 04-02-2014); «Una madre que denunció la immersión dice recibir amenazas. “Si pudiera cortarles una pierna con un hacha oxidada a los tres fascistas estos lo haría”» (e-Notícies, 09-02-2011).

«En definitiva, el sketch podría tener gracia si no fuera porque todos estos despropósitos (¡y tantos otros, como las concentraciones de menores en los patios de los colegios para reprobar las actuaciones policiales, la multitud de pronunciamientos políticos de las direcciones de los centros y de las AMPAS en nombre de todos sus miembros, o la apertura de un expediente al único inspector que se atrevió a alzar la voz..!) no estuvieran sistematizados en el extenso informe Instrumentalización nacionalista del sistema educativo en Cataluña: el caso del 1 de octubre, elaborado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña y la Agrupación de Enseñanza de Societat Civil Catalana.

»Resulta inadmisible que una televisión pública, que tiene una especial obligación de ser respetuosa con la diversidad existente en la sociedad a la que sirve y de contribuir al fomento de la convivencia, haga mofa de una cuestión tan sensible y, además, la haga reiteradamente. Sin ir más lejos, vean los sketchs “El adoctrinamiento en las escuelas”, emitido también en Polònia el 19 de octubre de 2017, y “La escuela controlada”, emitido el pasado 10 de mayo.

»No parece casualidad que el referido Programa 2000 de Pujol subraye la firme voluntad del nacionalismo catalán de controlar también a la prensa. Así, habla textualmente de “introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en los lugares clave de los medios de comunicación” y, en concreto, de “lograr que los medios públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán”. Quizás por ello, la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales se ha convertido en el referente de la Cataluña secesionista, siendo percibida por los constitucionalistas como algo completamente ajeno.

»De este modo, un programa de humor, de gran audiencia entre los votantes de los partidos separatistas, puede contribuir muy eficazmente a reforzar un mensaje recurrente del nacionalismo: que la denominada escola catalana (en lengua y contenidos) no se toca. Para ello, ¿qué mejor estrategia que ridiculizar a quien tiene otra mirada sobre una cuestión tan nuclear? Y, por supuesto, mejor hacerlo con una herramienta fiable. En este caso, la productora Minoría Absoluta, de Toni Soler, conocido por sus declaraciones en prensa y en redes, no precisamente ecuánimes con respecto a los diversos actores políticos, y claro beneficiario de las contrataciones externas de TV3.

»En definitiva, en una semana en que la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña presentaba en el Congreso de los Diputados y ante el Defensor del Pueblo el citado informe sobre la instrumentalización de la escuela por el nacionalismo, la cobertura de los medios públicos de “todos” los catalanes consistió en un sketch burlesco. Podría tener gracia si no fuera porque lo que denunciamos en el informe es verdad y, además, es crucial, si es que aún queda alguna opción de articular un modelo de convivencia en Cataluña...».

Hace dos años, Antonio Robles reflexionaba sobre el asunto al final de su memorable artículo «El legado tóxico de Pujol» (Libertad Digital, 28-07-2016):

«El ex presidente de la Generalidad, Jordi Pujol heredó una sociedad dispuesta a convivir con distintas lenguas, con diferentes culturas y el mejor ánimo para defender la lengua y la cultura catalanas. A la vuelta de tres décadas, media Cataluña quiere imponer a la otra una cultura y una lengua; y la otra media, humillada hasta el hastío, ya no está dispuesta a que la pisoteen más. La generosidad de la España Constitucional le otorgó un marco de autogobierno envidiable para cualquier país federal, pero Pujol y su herencia no correspondieron con la lealtad debida. A la vuelta de tres décadas, su delirio ha logrado romper los lazos de afecto con el resto de españoles, ha derruido los pilares de la convivencia con el resto de España, y en su lugar solo queda prevaricación, filibusterismo, amenazas de rupturas unilaterales, y mucho odio. Heredó una Cataluña tolerante y en paz, y nos deja una Cataluña crispada a las puertas de la violencia. Este es su legado tóxico».

Los miserables

28 de julio de 2018: la Asamblea Nacional Catalana organiza en Palafrugell un homenaje a Jordi Sànchez y a quienes la neolengua acuñada por el nacionalismo califica de «presos políticos», «encarcelados por sus ideas» y «represaliados». El que fuera presidente de esa asociación secesionista permanece en prisión preventiva acusado de un presunto delito de sedición por su actuación en las fechas del golpe de Estado. Su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, también está en prisión, imputada por delitos de prevaricación y desobediencia a una sentencia del Tribunal Constitucional. El «concierto cena amarillo», así lo anuncian los carteles, dará comienzo a las seis de la tarde y se prolongará hasta la madrugada. Viendo cómo están algunas cabezas, resulta irónico que el lugar escogido sea precisamente delante del Museo del Corcho, en la Plaza Can Mario de esa turísitica localidad gerundense.

Una veintena de artistas comprometidos con la causa evolucionan sobre el amplio escenario instalado para la ocasión. Algunos, como Marina Rossell, Lluís Llach, La Companyía Elèctrica Dharma o la mallorquina Maria del Mar Bonet, llevan lustros semiolvidados y en declive. Otros son músicos locales o apenas conocidos por su portera, a quienes no vendrá nada mal este espaldarazo mediático. El público saborea cada acorde mientras deglute el menú que “con fines solidarios” les han endilgado por el módico precio de 10 eurazos, y consistente en: bocadillo de butifarra, una bebida y un helado que ¡cómo no!, es de color amarillo.

Consignas y eslóganes entre canciones. Grititos pidiendo libertad. Sensiblería junto con encendidas arengas de activistas y políticos para mantener alta la moral. Y constantes apelaciones al terruño.

Pero el plato fuerte llega cuando un Carles Puigedmont exultante por lo que él considera una «victoria judicial» tras la decisión del tribunal de Schleswig-Holstein de extraditarle a España sólo por malversación, se aparece a todos los presentes a través de una pantalla gigante. Y comienza a despotricar:

«Y esta vergüenza, amigas y amigos, no hay ministro de Exteriores ni embajador español que la pueda tapar. […] Cuando Jordi [Sànchez] salga de la prisión, sus ilusos encarceladores se darán cuenta de su inmenso error. […] Hemos continuado la lucha».

O sea, que soltó lo mismo de siempre, pero a tan altas horas y desde su hogar en Bélgica. Y ahí es donde los ya de por sí siempre predispuestos asistentes, más sensibilizados si cabe tras una velada entera de maceración ideológica y victimismo ambiental, meciéndose entre un oleaje de luces provocado por ellos mismos con las pantallas de sus teléfonos móviles, se funden en una sola voz para entonarle al jefe de Quim Torra:

«Tot el poble cantarà La melodia dels indignats, És Catalunya que es rebel·la I lluita per la llibertat. Que els batecs dels nostres cors Ressonin forts com mil tambors I que un nou dia comenci ara Quan surti el sol. Lluitaràs al meu costat, Serem més forts si estem units; Més enllà de la mentida I la violència hi ha la pau; Somriu, aixeca’t I lluita per la llibertat! Tot el poble cantarà... Si unim les nostres forces L’enemic no passarà; El joc brut i els seus abusos No ens podran mai fer callar; Colze a colze trenquem Les cadenes de la repressió! Tot el poble cantarà...». «Todo el pueblo cantará La melodía de los indignados, Es Cataluña que se rebela Y lucha por la libertad. Que los latidos de nuestros corazones Resuenen fuertes como mil tambores, Y que un nuevo día comience ahora Cuando salga el sol. Lucharás a mi lado Seremos más fuertes si estamos unidos; Más allá de la mentira Y la violencia está la paz; ¡Sonríe, levántate Y lucha por la libertad! Todo el pueblo cantará... Si unimos nuestras fuerzas El enemigo no pasará; El juego sucio y sus abusos No nos podrán nunca acallar; ¡Codo con codo rompemos Las cadenas de la represión! Todo el pueblo cantará...».

Puchi que se emociona. Que parece a punto de desmoronarse e incluso de romper a llorar pese a su feroz aspecto de guerrero ario: la tecnología de Skype le está permitiendo contemplar la escena en riguroso directo.

Profusión de lazos amarillos en el decorado del recital, que duró más de ocho horas

El tema se titula Tot el poble cantarà (‘Todo el pueblo cantará’) y circula desde el pasado noviembre. Es una variación del À la volonté du people, del musical Los miserables, adaptada a la épica separatista por unos militantes de la ANC de Tarrasa y que un sector del movimiento pretende implantar como himno (compárese con la versión original en francés, compuesta por Claude-Michel Schönberg y Alain Boublil, sobre la novela homónima de Victor Hugo).

En resumen: reunión de incautos con comportamiento de secta, venerando al tío que les dejó tirados para fugarse al extranjero. Bienvenidos a la Cataluña surrealista.

El amigo americano

Anda la secta eufórica perdida porque un triunfante Carles Puigdemont se chulea ya en libertad. «El tiempo del diálogo ha llegado», declaró anteayer a los periodistas a su salida de la prisión alemana de Neumünster tras doce días de reclusión. Recordemos que en la terminología de los separatistas, dialogar es siempre sinónimo de doblegar al otro sin que ellos hayan rebajado jamás sus pretensiones ni ofrecido contraprestación alguna por las incontables cesiones extraídas del Estado desde los primeros tiempos de la Transición.

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein, que seguirá estudiando la solicitud de extradición del ex presidente por un presunto delito de malversación de fondos públicos, ha desestimado tramitarla por rebelión. Pues aunque considera que «como iniciador del referéndum» al ex presidente «se le puede imputar la violencia que tuvo lugar el día de la consulta», argumenta en un comunicado, «estos actos violentos no tuvieron la forma, la envergadura y el efecto suficiente como para ejercer tanta presión en el Gobierno y que éste tuviera que capitular». No encuentra por tanto correspondencia con el delito de alta traición, severamente castigado en su legislación. Pero ¿es esto así?

Dejando de lado la obviedad de que la violencia ejercida con una fuerza capaz de derrocar una democracia a menudo conlleva la imposibilidad de enjuiciar a los traidores porque estos consiguieron subvertir la legalidad, lo que el Código Penal alemán, en su artículo 81, contempla como «alta traición» es lo siguiente (compárese con el delito de rebelión en nuestro ordenamiento:

«Alta traición contra la Federación

(1) Quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia,

1. perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania.

2. cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años.

(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años».

Y bajo el título «Alta traición contra un Estado federal», establece el artículo 82:

(1) Quien intente, con violencia o por medio de amenaza con violencia,

1. incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado de la República Federal de Alemania o separar una parte de un Estado o,

2. cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de uno hasta 10 años.

(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años».

No se menciona nada acerca del grado o intensidad de fuerza necesaria. Pero el tribunal, que dice basar su decisión en la jurisprudencia, remite a la sentencia del Tribunal Federal que revocó la condena de Alexander Schubart por coerción al Gobierno, un líder ecologista que en 1981 había promovido el bloqueo del aeropuerto de Fráncfort con miles de manifestantes para impedir la ampliación de sus pistas. «Perseguían el objetivo de ejercer una presión política tan masiva sobre el Gobierno del Estado federado de Hesse que debería sentirse obligado a cancelar el proyecto», sostiene el comunicado, pero «los disturbios en el aeropuerto no fueron adecuados para obligar al Gobierno de Hesse a cumplir con las demandas de los acusados». Y fingen los magistrados teutones que es análogo al caso de Puigdemont y sus secuaces, quienes han dado un golpe de libro, meticulosamente planeado y ejecutado por fases en lo que fue el alzamiento de una parte del Estado, la Generalidad con los numerosos recursos bajo su control y el cuerpo armado de los Mozos de Escuadra, contra el Estado, desobedeciendo todas las advertencias y sentencias previas del Tribunal Constitucional, y culminándolo el pasado 27 de octubre con una declaración de secesión que muy bien podría haber provocado una guerra civil.

Profesora del Instituto Santa Eugenia, de Gerona, este
verano, en lo que es ya una imagen habitual

Y hace apenas 48 horas a los golpistas les ha brotado otro amigo en la persona de David Kaye, relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de opinión y expresión desde 2014, quien ha pedido públicamente a las autoridades españolas que no se les acuse de rebelión.

Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico que ejercen su labor voluntariamente, sin retribución económica alguna. Profesor de Derecho en la Universidad de California y ensayista, Kaye ha querido encuadrar la actuación de los procesados dentro de «los derechos a las protestas públicas y la disidencia», así como de «la libertad de expresión», que según nos recuerda, «es la piedra angular de toda sociedad democrática y libre y así lo seguirá siendo después de que las actuales controversias políticas desaparezcan». Se ha mostrado «preocupado» por el asunto e insta a nuestras altas instituciones a dialogar. No insta a los totalitarios a cumplir las leyes, no; sino a los demás a que les premiemos con nuevas concesiones el que hayan roto la convivencia, pues al parecer cargamos con el inexcusable deber de tener que acomodarnos a las imposiciones dictadas por una minoría levantisca que no se quiere adaptar:

«Tengo la esperanza de que España desplegará sus instituciones democráticas para fomentar un espacio de debate y que encontrará herramientas creativas para abordar el diálogo y la reconciliación en la actual situación política».

En definitiva, que nos dejemos extorsionar. No preocupa al señor Kaye sin embargo el adoctrinamiento infantil en Cataluña, que conculca el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 14.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño:

«Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión».

Un adoctrinamiento denunciado incluso ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (por UPyD) con un nutrido informe. Ni se ha pronunciado tampoco sobre la imposibilidad para los alumnos castellanohablantes de escolarizarse en español en esta región, a pesar de que los informes de la UNESCO, el organismo para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas, concluye que los niños escolarizados en su lengua materna tienen más probabilidades de desarrollar habilidades de alfabetización y sufren menos fracaso escolar.

Diríase que las multimillonarias cifras del dinero de nuestros impuestos que la Generalidad lleva años destinando a propagar internacionalmente su relato falsario, victimista y llorón (más de 29 millones euros solo en 2017), cuando no directamente a comprar voluntades y editoriales en la prensa extranjera, están dando sus frutos.

De la república al sainete

Si siempre son recomendables las crónicas de Pablo Planas sobre Cataluña en Libertad Digital, la titulada «Puigdemont declara la independencia y la suspende en una tregua-trampa» —y con el subtítulo: «La CUP fuerza al president a firmar una declaración separatista tras la brutal decepción de sus bases, de la ANC y de Òmnium»— (10-10-2017) es incluso necesaria. Necesaria e imprescindible para comprender, no solamente la última fase del esperpento golpista representada ayer martes en el Parlamento autonómico, sino la situación general a la que entre unos y otros han precipitado a esta maltrecha región de España.

Un vehículo de ‘Tractores por la independencia’
permanece apostado en las inmediaciones del
Parlamento regional con la banderería típica

Me tomo la licencia de transcribirla aquí, en su integridad, para información de todos y deleite de muchos de los lectores de este blog, que a buen seguro disfrutarán con sus numerosos pasajes tragicómicos:

«19:37 horas del 10 de octubre de 2017. Barcelona. Parlament de Catalunya. El mundo en vilo. Habla Carles Puigdemont, el president de la Generalitat: “Llegados a este momento histórico, y como presidente de la Generalidad, asumo, al presentarles los resultados del referéndum ante el Parlament y nuestros conciudadanos, el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”. La frase despierta aplausos de los diputados de Junts pel Sí, que se ponen en pie; los diputados de la CUP, sentados, no aplauden y muestran unas caras serias, contrariadas, de profunda decepción. Puigdemont sigue hablando: “Esto es lo que hoy toca hacer. Por responsabilidad y por respeto. Y con la misma solemnidad propongo que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada”.

»El histórico pleno del parlamento regional catalán empezó con mucho retraso. La declaración solemne de independencia de Cataluña estaba prevista para las seis de la tarde. Tremenda expectación. Enorme tensión. Los Mossos d'Esquadra habían blindado el edificio y cerrar el parque de la Ciudadela. Los manifestantes habían sido desviados al paseo Lluís Companys, donde se encuentra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El edificio cambió de guardia el lunes. La “ley de transitoriedad jurídica” prevé que se convierta en el tribunal supremo y el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, decidió dispensar a los Mossos de sus proporcionales obligaciones y pidió la protección para él y el resto de jueces y fiscales de la Policía Nacional. Han recibido amenazas y han visto como los Mossos que les “protegían” se cuadraban ante encausados como Artur Mas y ni les miraban a la cara cuando se cruzaban con los policías de Trapero. También han visto las manifestaciones de alcaldes separatistas con cortes de tráfico incluidos cada vez que llamaban a testificar a los miembros de la mesa del Parlament por sus planes sediciosos y por sus inflamadas proclamas “institucionales”.

»Ridículo histórico

»La multitud congregada en el paseo se disolvió en medio de una espesa desolación. Al principio, en el “llegados a este punto”, el entusiasmo era patente. Puigdemont estaban dando muchos rodeos, pero Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, los cabecillas de Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana, la ANC, emitían señales de optimismo. La república catalana era un hecho “ineluctable”, como dijera hace meses el presidente que eligió la CUP tras echar a la papelera a Mas. Entre los miles de socios de Òmniun y las decenas de miles de adheridos a la transversal ANC se palpaba el entusiasmo. Los chicos de Arran y los militantes de la CUP recibían noticias a través de las redes sociales que les resultaban confusas.

»Fueron ciertas. Los de Junts pel Sí, convergentes y republicanos, habían presentado a la CUP el denso discurso de Puigdemont sólo una hora antes del pleno. Los diez diputados de la formación antisistema, clave en la toma de los colegios y en la huelga del pasado martes, no salían de su asombro. Forzaron un retraso de más de una hora del comienzo del pleno. La CUP ya no apoya al gobierno catalán. Puigdemont ha dicho que proponía al Parlament la cancelación de los efectos de una independencia que había declarado momentos antes como un “mandato” del “pueblo catalán”. Pero no ha habido votación de ningún tipo. El pleno del siglo se ha ventilado en dos horas.

»Proteger a Puidgdemont de los cuperos

»El blindaje del Parlament desplegado con notoria efectividad por los Mossos ha evitado, sin duda, males mayores, dado el alto riesgo de que los jóvenes de la CUP y los tractoristas por la república bloquearan las salidas hasta que Puigdemont dijera, con la misma “solemnidad” con la que ha suspendido los efectos de la teórica declaración, que no, que como ha dicho Anna Gabriel en su intervención, más de novecientos heridos por la policía —la cifra de “víctimas” del 1-O aumenta por momentos—, no merecen semejante postureo.

»Los dirigentes de la CUP están en el disparadero. Como los millones de ahorradores catalanes, se sienten estafados, engañados por la Convergencia de siempre. Puigdemont les ha traicionado. Y Junqueras. Y Mas. El sentimiento es amplio. Los participantes en las brutales, por las cifras que se daban, Diadas “evaden” sus ahorros o capitales a través de cuentas espejos y bajan la cabeza con pesar.

»Dos helicópteros sobrevolaban desde primera hora de la mañana del martes el cielo de Barcelona. Son de los Mossos. Hasta las 19:37 de tan histórica jornada formaban parte del despliegue de la Generalidad para evitar que la Guardia Civil o la Policía Nacional —tanto monta— detuvieran a los golpistas. Ahora, los seguidores de la CUP y los separatistas de todos los barrios, incluidos los más acomodados, recuerdan las imágenes de las cargas de los Mossos cuando Mas tuvo que entrar en el “Parlament” a bordo del invento de Juan de la Cierva, sus mortales inmovilizaciones —tres personas muertas en detenciones en principio rutinarias entre 2013 y 2014— o cuando dejaron tuerta a la ciudadana Ester Quintana en la huelga general del 2012.

»Los Mossos han blindado el parlamento regional no por precaución frente a las algaradas “fascistas”, sino ante el riesgo cierto de que algún iluso se encarara con Puigdemont, Junqueras o la propia Anna Gabriel de manera nada democrática, poco cívica y menos festiva.

»Independencia por escrito

»La enorme decepción ante una declaración de independencia que no ha durado ni un instante —Lluís Companys aguantó diez horas— ha provocado que al filo de las diez, Puigdemont firmara una “declaración escrita” de independencia. Hiede a pavor, miedo a la acción del Estado de Derecho y pánico a las fuerzas desatadas durante siete años con discursos incendiarios, soflamas supremacistas y exhibiciones de coros y danzas con criaturas y ancianos en primera línea de fuego. También se expande un sentimiento de perplejidad por la manifestación del domingo en Barcelona. Puigdemont es más de Twitter, pero hoy en el Parlament se ha dirigido de esta guisa a ellos: “Todos somos el mismo pueblo, un mismo pueblo”.

»Puigdemont ha recibido muchas presiones a lo largo del “histórico” 10-O. Hasta la farmacéutica Grilfos —cuyo presidente le dijo a Mas que tirara pa'lante y no se arrugara— o Planeta huyen despavoridas del delirio catalán. Los cabecillas de la ANC y Òmnium están aterrados. Jordi Sànchez organizó el corte la Gran Vía y la Rambla de Cataluña el día que la turbamulta separatista intentó linchar a una secretaría judicial y a los guardias civiles de paisano que registraban la consejería de Oriol Junqueras, uno de los centros logísticos del golpe. Al poco se añadió Cuixart. Ambos jalearon a la masa el 20 de septiembre pasado subidos en los vehículos destrozados de la Guardia Civil. Un “reportero” de Mediapro, la empresa de Roures, también hizo una conexión en directo para TV3 de pie en el capó de uno de los coches saqueados de la Guardia Civil. El comité de empresa de la televisión del régimen nacionalista emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que ese individuo no formaba parte de la plantilla de la televisión autonómica.

»Negociación con Rajoy

»A las diez y media, los diputados de la CUP aceptaban firmar la declaración de independencia por escrito de Puigdemont. Todos los miembros del Govern, los componentes separatistas de la mesa de la cámara regional y decenas de altos cargos convergentes y republicanos están imputados. Ningún dirigente de la CUP ostenta esa condición. Pero los cuperos también sienten la presión de los bien remunerados cargos de Convergencia y la ERC.

»El separatismo retiene escuelas y medios

»Se extiende la tesis de un apaño entre el Gobierno de Rajoy y los cabecillas de un golpe que ha puesto a millones de ciudadanos contra la espada y la pared. Los supermercados han demostrado gran capacidad de reposición, millones de catalanes se ha provisto de efectivo ante el riesgo cierto de un corralito, miles de pequeñas, medianas y grandes empresas han huido de Cataluña. Las personas tienen miedo, inquietud, incertidumbre. CaixaBank y el Banco de Sabadell no paran de abrir cuentas espejos, Grifols, la multinacional catalana paga impuestos en Irlanda. En términos económicos, Cataluña es una zurraspa, basura.

»El separatismo retiene los medios, con TV3, La Vanguardia y los medios digitales sostenidos por la banca excatalana, las escuelas, los institutos y las universidades, además de una ingente red clientelar que se prepara para una “larga batalla” —tesis de los burlados diputados de la CUP—. El separatismo no se rinde, reinicia el juego. Cientos de miles de padres renunciaron a que sus hijos aprendieran un español decente porque las sentencias del TSJC, el Supremo y el Constitucional no tienen efecto en Cataluña. No sólo los medios difunden odio al no asimilado. La trama clientelar, nutrida con los impuestos de todos los españoles, no se rinde. Puigdemont insistió en mentir sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el 1-O. Los dirigentes del golpe siguen llevando escolta de uniforme y de paisano. La supervivencia de algo más de la mitad de la población de Cataluña sigue estando en juego.

»Toda negociación con quienes han puesto a la “gente” en la diana y en las diadas supone facilitar el riesgo de enfrentamiento armado que persiguen los separatistas. Dos mujeres que protestaban ante la casa de Mas por sus mentiras han sido acosadas por un escolta del “expresident”. Les hicieron fotos. Un eurodiputado convergente, un tal Ramón Tremosa, invoca el ejemplo de Eslovenia.

»La histórica manifestación del Ocho de Octubre en Barcelona no arredra a los golpistas. Tienen los datos de todos los catalanes. Sobre tales bases es imposible cualquier negociación. Es cierto que Puigdemont no fue aplaudido por los diputados la CUP. También es cierto que ante las amenazas de los portearas catalanes acabó por firmar la independencia en una jornada bochornosa. La aparente bandera blanca es una trampa. Intentan aniquilar a más de la mitad de la población de Cataluña y persistir en el odio a España y en la “venganza catalana” contra quienes han empezado a mostrar la banderas la Nación en su balcón. Un “diálogo” en estas condiciones sería como la eutanasia de los españoles y de la libertad en Cataluña.

»Caza de “unionistas”

»Ahora, en la pelea separatista por eludir las culpas, es cuando más necesaria es la protección de los ciudadanos que se han manifestado a favor de la democracia y entre quienes aporreaban cacerolas mientras cancelaban cuentas de la banca catalana. Si el golpe entra en una fase de negociación con los culpables no habrán servido de nada ni la manifestación del 8-O ni el gesto heroico de quienes marcan sus domicilios con la enseña del Reino de España. El consejo de Ministros se reúne este miércoles a primera hora. Los separatistas han mentido hasta aquí. Una concesión no propiciaría la distensión sino que avalaría la caza de brujas, la cacería contra quienes se manifestaron el domingo en Barcelona, los llamados “unionistas”.

»La república de Companys duró diez horas. Puigdemont declaró la nueva república catalana en un momento y la derogó en un segundo».

Epopeya de truhanes

08:38 h de la mañana del martes 14 de marzo: Jordi Basté recibe con honores en su mezquita radiofónica de El Món a RAC1 a los tres mártires por la causa, sólo horas después de la sentencia que les inmoló. Ceremonia del victimismo y de la mendacidad. Glorificación de unos golpistas. Narración en tono épico de lo que no es sino una vulgar fechoría.

Artur Mas, alias Gandhi. Alias Martin Luther King. Alias Rosa Parks. Con todos ellos se ha comparado. También con Nelson Mandela, sobre cuya figura cuenta que, casualmente, había visto una película en TVE1 la noche anterior (ya no ve TV3 ni Artur Mas, ha comentado alguien con sorna). Y de la cual extrajo una enseñanza vital que, entusiasmado, quiere transmitir a la audiencia:

«Para levantarte y para tirar adelante y para conseguir lo que quieras, tienes que pensar esto: “soy dueño de mi destino, soy capitán de mi alma”».

Imposible ser más cursi. De eso se nutre él a nivel cultural, de frases chorras escuchadas en escenas del cine. Apenas una semana antes, su antiguo compañero de partido Alfons López Tena ya había advertido contra su inanidad intelectual (El Mundo, 06-03-2017):

«A Mas lo colocó gente que pensaba que lo podía manejar bien como algo transitorio para esperar a Oriol Pujol. Mas es muy limitado: he sido asesor suyo durante siete años. No lee nada, y se jacta en público de ello. El resultado es el que se ve. Autoritario, rencoroso, y un político de cuarta regional. Serviría para cacique de un pueblo de la Sicilia interior».

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le ha condenado a dos años de inhabilitación para cargo público por organizar el referéndum separatista el 9 de noviembre de 2014, y a 36.500 euros de multa —que ya hay quien está proponiendo pagar mediante solidaria colecta—. Artur Mas ha reaccionado acusando a España de que «tiene la democracia amputada»; mientras su sucesor en el cargo, Carles Puigdemont, ha ido más allá y amenaza:

«Lo que la Justicia española acaba de condenar lo indultará el pueblo de Cataluña en referéndum, votando».

Y es que el heredero político de Jordi Pujol y líder del PDeCAT personifica como nadie los efectos de la cruel opresión del Estado español, que cada mes le obliga a cobrar 9.122'32 euros de sueldo de ex presidente (BOE nº. 126, de 27 de mayo de 2003).

Quienes pretenden hurtar a los demás españoles su capacidad de decisión sobre un asunto de soberanía nacional, que afecta a todos,
continúan intentando colarnos su engañifa de que la democracia se reduce a votar —lo que sea y como sea—. Pero en realidad un
régimen democrático lo es cuando nadie está por encima de la Ley, empezando por los gobernantes; lo contrario es una tiranía

A su vera en el estudio de la hipersubvencionada emisora, Irene Rigau y Joana Ortega, Consejera de Enseñanza y vicepresidenta de la Generalidad respectivamente en la fecha de autos. Esta última ha acudido al programa aprovechando un momentito en que no estaba inflando su currículum vitae: en 2011, un diario digital destapó que no poseía el título académico con que se presentaba en la web de la Generalidad, en la de su partido (UDC), e incluso en su blog personal («Estudié en el Sagrado Corazón de Sarriá, y me licencié en Psicología en la Universidad de Barcelona»). Ortega —quien zanjó el asunto atribuyéndolo a un «error involuntario»— cumplía así una tradición largamente arraigada entre los nacionalistas; como el antedicho bachiller Puigdemont, que se ha hecho pasar por filólogo, o la tertuliana de Sálvame Deluxe Pilar Rahola, a quien un falso doctorado debió de parecerle poco y se autoadjudicó dos.

La tramposa ex vicepresidenta confiesa al imán Basté sentirse «enfadada, atónita» e «indignada» con la sanción judicial que la inhabilita durante un año y nueve meses, y la obliga al pago de 30.000 euros:

«¿Usted considera que es justa una ley que condena la democracia y que condena la posibilidad de que la gente se exprese de una manera pacífica y democrática? […] Lo que hicimos fue dar voz a la gente».

Una cínica argumentación la suya que únicamente puede calar en los muy desavisados, pues el fallo de la sentencia especifica con claridad que es por un «delito de desobediencia» al Tribunal Constitucional por lo que se les castiga.

También Irene Rigau se muestra desafiante. Los jueces la han encontrado culpable de habilitar centros educativos para la celebración de la «fiesta democrática», que es como ella se refiere al prohibido referéndum. Y niega que vaya a dejar su escaño en el Parlamento autonómico, pese a la pena de un año y seis meses de inhabilitación, con multa de 24.000 euros, que le han impuesto. Según Sueldospublicos.com, el año pasado cobró 71.267 euros como diputada de la candidatura electoral Junts pel Sí.

«Eran las urnas de la ilusión, no las urnas de cartón», corrige Joana Ortega con ridícula afectación cuando el locutor le recuerda la precariedad de medios con que se desarrolló la jornada del 9-N. Y Artur “Braveheart” Mas se apresura a apostillar, poniéndose pomposo:

«De la ilusión, Joana, y de la dignidad».

NOTA: Jordi Montull ha declarado en el juicio por el Caso Palau que Convergència cobraba comisiones del 4% a las empresas por la adjudicación de contratas, y no del 3% como se creía hasta ahora y como Pasqual Maragall denunció públicamente en la Cámara regional hace doce años. En una Cataluña independiente, ninguno de los implicados habría acabado rindiendo cuentas ante un tribunal.

El Comando Pedales

En la madrugada del pasado día 14, la diputada autonómica Muriel Casals fallecía a la edad de 70 años como consecuencia de las lesiones sufridas dos semanas antes al ser arrollada por una bicicleta. Aunque había obtenido su escaño en los últimos comicios regionales tras presentarse en las listas del contubernio electoral que CiU y ERC montaron con el nombre de Junts pel Sí (‘Juntos por el Sí’), fue entre 2010 y 2015 cuando obtuvo notoriedad: como presidenta de Òmnium Cultural, organización fundada en pleno franquismo, en 1961, que ha devenido en hipersubvencionado instrumento de agitación social al servicio de los intereses de la Generalidad.

Junto con la ahora también diputada, y presidenta del Parlamento autonómico de Cataluña, Carme Forcadell, Casals coorganizó los más sonados aquelarres del mal llamado procés soberanista para fomentar la división y el enfrentamiento (Vía Catalana, Marcha sobre Barcelona, Concierto por la Libertad, etc.), así como el referéndum ilegal de autodeterminación, celebrado el 9 de noviembre de 2014 a pesar de la prohibición del Tribunal Constitucional. Y en una entrevista televisada, llegó a tachar de “maltratadores infantiles” a los padres que reclaman el derecho a educación bilingüe para sus hijos (TV3, 8 de julio de 2011).

13 de mayo de 2015: manifestación convocada por Òmnium Cultural a través de su plataforma Som Escola delante de la Escuela Pía
Santa Anna de Mataró, donde una familia había solicitado el cumplimiento de la sentencia del TSJC que resuelve impartir el 25%
de las clases en español. Amedrentados por las fuertes presiones, los padres del niño finalmente desistieron

Según varios testigos presenciales, la diputada provocó el accidente cruzando indebidamente una concurrida intersección del Ensanche barcelonés (calles Provenza y Urgel) con el semáforo para los peatones en rojo. Su cabeza recibió un fuerte impacto contra la del ciclista y otro después contra el bordillo de una acera, a resultas de todo lo cual fue ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Clínico en estado grave, con traumatismo craneoencefálico y fractura de pelvis.

La noticia del fatal desenlace ha ocasionado las lógicas muestras de condolencia del entorno nacionalista, y del mundo de la política en general, a través de las redes sociales y de los foros de opinión en Internet. Pero también ha inflamado los ánimos de gente que acostumbra a opinar sin saber —o sin querer saber—:

«Un ciclista ha atropellado a alguien y no hay ni investigación por homicidio, ni fiscalía ni juicio ni nada». (Nació Digital. 15-02-2016, 15:15).

«EL PEATÓN SIEMPRE TIENE PREFERENCIA, ¡¡¡SIEMPRE!!!». (Vozpópuli. 14-02-2016, 13:29).

«Al ciclista espero que le crujan porque eso que ha hecho es un homicidio». (Vozpópuli. 14-02-2016, 09:46).

Y peor aun: ha desbocado hasta el patetismo la truculenta fantasía de aquellos que se sienten objeto permanente de una malvada conspiración de los servicios secretos españoles, del CNI:

«No creo que sea una casualidad su muerte». (Nació Digital. 14-02-2016, 19:18).

«¿ACCIDENTE? Pensad que Gaudí también fue atropellado... Como muchos otros...». (Nació Digital. 15-02-2016, 09:30).

«¿Se ha abierto una investigación sobre el “accidente” este? ejem [sic], ejem...». (Nació Digital. 15-02-2016, 09:33).

«A mí me huele a asesinato, la muerte de Muriel.
Un ciclista que dicen ser tan frágiles, la embiste, casi mortalmente.
Y de repente, en pocos días, está muerta...
Alguien al que no le interesaba que estuviera viva, por todo lo que representaba para Cataluña, se la ha cargado. ¿España?
¿Cuándo sabremos la verdad?
Descansa en Paz... —no puede descansar porque los muertos no sienten...—.
En cualquier caso: Quien [sic] haya hecho esta atrocidad: NI OLVIDO NI PERDÓN». (Racó Català. 14-02-2016, 15:35).

Porque es que el nacionalismo en realidad consiste en eso, en el permanente y caro cultivo del victimismo; en una angustiante manía persecutoria inducida desde arriba por quienes sacan provecho particular de ella, como ya se trató en la crónica titulada Paseo por el rencor y la paranoia, y de la cual hay numerosas muestras en la espeluznante sección Flores del desierto.

Golpismo del caro

Es el último artículo de Josep-Lluís Carod-Rovira, aparecido el 6 de agosto bajo el título «Contra la legalitat» (‘Contra la legalidad’), de una repugnancia tal que empujaría a cualquiera a agotar la gama completa de antieméticos disponibles en las farmacias catalanas, esas a las que Artur Mas no les paga los medicamentos desde ni se sabe cuándo. Y constituye además un claro llamamiento a la rebelión, que difícilmente quedaría sin respuesta de la fiscalía en otros países de nuestro entorno:

«Buena parte de los argumentos recurrentes contra la independencia de Cataluña, por el lado español, da igual en Madrid que en Barcelona, ​​se basan en la afirmación de que este propósito es incompatible con la legalidad. Y, por tanto, que será el uso de esta legalidad lo que impedirá las aspiraciones nacionales de nuestro pueblo. Lo dicen y se quedan tan anchos pensando, tal vez, que tan solo mencionando la ley ya nos tiemblan las piernas. Curiosa legalidad esta que va contra los intereses de los ciudadanos cuando, de hecho, es la ley la que debe estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la ley. Las leyes deben facilitar la vida a las personas y contribuir a hacer posibles sus objetivos, no complicárselos o bien impedirlos u obstaculizarlos. Se habla de la ley como si fuera del libro en mayúscula en las religiones monoteístas (la Torá, la Biblia, el Corán), con lo que se llega a sacralizar, como es el caso de la constitución [sic] española, cuando resulta, además, que la Alianza Popular de la época no votó a favor...».

Las leyes democráticas se han revelado, con el transcurso del tiempo, como la única fórmula comprobada de convivencia pacífica en sociedad. Salvaguardan nuestras vidas y haciendas, garantizan nuestros derechos y nos protegen frente a arbitrariedades o abusos del poder. Son lo único que consigue alejarnos de la barbarie. Y merecen el máximo respeto de todo demócrata auténtico.

Por otra parte, Carod-Rovira no es el primer separatista en propalar esa falacia sobre AP: precisamente fue Manuel Fraga Iribarne (1912-2012), fundador de Alianza Popular —el 9 de octubre de 1976—, uno de los siete ponentes encargados de la redacción del anteproyecto de Constitución por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. El texto definitivo (Boletín Oficial de las Cortes, número 170) fue aprobado en el Congreso el 31 de octubre de 1978, por 325 votos afirmativos, con 6 votos en contra, 14 abstenciones y 5 ausencias (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 130). De los 16 representantes de la formación antecesora del Partido Popular en la Cámara Baja, 8 votaron a favor, 5 en contra y 3 se abstuvieron. Los dos senadores del partido, Abel Matutes y Francisco Cacharro, manifestaron su apoyo en la votación celebrada ese mismo día en la Cámara Alta (Diario de Sesiones del Senado, núm. 68).

«Y se hace pasando por alto, generalmente, el origen de la legalidad, quién la ha hecho, quién la ha aprobado, con qué objetivos, en qué contexto histórico y con qué condicionantes».

El “origen de la legalidad” reside y residía entonces en la nación española, que el 15 de junio de 1977 había elegido libremente a sus representantes políticos en las Cortes Constituyentes y que, posteriormente, el 6 de diciembre de 1978, refrendó con el 87,78% de votos afirmativos (15.706.078) el Proyecto de Constitución aprobado por estas, con una elevada participación del 67,11% (17.873.301); el respaldo obtenido en Cataluña rebasó la media española: 90,46% (2.701.870 sufragios), con una participación que fue también más alta, del 67,91%. Los “objetivos” no eran otros que dejar atrás el franquismo y construir un sistema democrático. Y el “contexto histórico” lo conoce él perfectamente: transitar hacia el régimen actual, donde ha podido defender sus ideas políticas sin cortapisas y con total libertad (y vivir muy bien de ello), a pesar de que su partido, ERC, fue responsable de la tortura y el asesinato de miles de civiles en Cataluña durante la Guerra Civil.

En octubre de 2011, hizo el siguiente
balance de la reunión que en 2004
había mantenido con la cúpula de
ETA en Francia: «Valió la pena»

El que fuera vicepresidente de la Generalidad en el primer tripartito continúa con su manida artimaña de contraponer legalidad a voluntad popular, cuando en las democracias aquella emana siempre de esta:

«Las leyes, en democracia, siempre son el resultado de la correlación de fuerzas establecida por los ciudadanos en las urnas. La democracia es, en buena parte, una cuestión de demografía, demografía de las ideas, si se quiere, pero demografía al fin. En este caso, pues, es obvio que la opinión del pueblo catalán nunca podrá ser tenida en cuenta y respetada, en España, porque siempre seremos minoría demográfica. Y en caso de que consigamos alguna victoria parcial, como el último estatuto, para lo cual tienen su tribunal constitucional pensado para filtrar la voluntad popular, siempre que les plazca».

“La opinión del pueblo catalán”, por lo demás diversa y —afortunadamente— nunca única, recibe la misma consideración que la del resto de españoles cada vez que somos convocados a unas elecciones, sean municipales, autonómicas, generales o europeas; así como también en los referendos. Y resulta lógico que las minorías no puedan imponer su voluntad a la mayoría. En ninguna nación sucede lo contrario, de hecho. Un burdo intento de confundir el suyo, luego del cual Carod-Rovira enarbola otro clásico del separatismo: la invocación de la sentencia del Estatuto como casus belli y eterno motivo para la falsa victimización. Los artículos modificados, y los total o parcialmente derogados por el Tribunal Constitucional, lo fueron porque colisionaban con nuestra Carta Magna. El principio de la jerarquía normativa impide que las normas contravengan a aquellas de mayor rango. Teniendo el Estatuto de Cataluña, de 2006, carácter de Ley Orgánica, no podía vulnerar la Constitución, de donde emanan todas las leyes, las instituciones y los poderes del Estado. Los políticos nacionalistas no cumplieron su deber de elaborar un texto estatutario conforme a esta.

Como al parecer no tenía pendiente reunirse con ningún jerarca etarra, siguió escribiendo:

«No tener en cuenta el origen de la legalidad vigente en un territorio, en cada momento, es hacer trampa. Durante el franquismo, el derecho de asociación era inexistente porque iba contra la legalidad y afiliarse a un partido político o a un sindicato era ilegal, el derecho de reunión también lo era, como la libertad de expresión, de manifestación o el derecho de huelga, justamente porque iban en contra de la legalidad vigente. Era tras el amparo de esta legalidad antidemocrática donde se refugiaban los capitostes de la dictadura. Ahora que hay derechos básicos individuales reconocidos, pero no colectivos, el pueblo catalán se ve impedido para avanzar en su proceso de emancipación nacional porque este es ilegal, según la constitución española. Y quizá sea necesario que recordemos el origen del actual sistema institucional español: una monarquía nombrada a dedo por el dictador y una constitución que fue hecha en inferioridad de condiciones por parte de los partidos de tradición democrática, bajo la mirada atenta de los militares, “padres de la constitución”, también, en algunos artículos fundamentales. Fingir que todo esto no existe es esconder la cabeza bajo el ala».

Por cuarta vez en su pieza periodística escribe el término Constitución con la c en minúscula, lo cual podría ser intencionado: siendo el autor licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona, y habiendo desempeñado el puesto de Técnico superior de planificación lingüística de la Generalidad entre 1981 y 1988, sin duda conocerá los preceptos ortográficos del catalán, lengua original del artículo, que señalan su incorrección. La psicología infantil ha estudiado cómo en sus dibujos los niños tienden a representar mediante figuras más pequeñas (y alejadas del centro del papel) a las personas que detestan. Curiosamente, no resulta infrecuente encontrar en foros de Internet a separatistas que, en su afán despreciativo, incluso llegan a poner, literalmente, «espanya».

«Desde el punto de vista legal, pues, estamos en un callejón sin salida, porque, además, el tribunal constitucional ha frenado, frena y frenará cualquier aspiración colectiva que, a su juicio, no encaje en el marco constitucional. Un tribunal, recordémoslo, profundamente político y con miembros designados por los mismos partidos que usan la constitución como amenaza y como freno. Hay momentos en que la democracia y la legalidad no van por el mismo camino. Hay momentos en que legalidad y justicia tienen muy poco que ver».

¿Y quién decide qué leyes son justas y cuáles, injustas? ¿Cada uno escoge las que más le gusten y las que no, simplemente, se las salta? Las normas pueden cambiarse, pero nunca transgredirse. Independientemente de la palabrería con que adorne sus intenciones, desde el momento en que alguien se cree legitimado para violentar el orden constitucional estamos ante un vulgar golpista.

«Hay que ser conscientes, pues, de que se acerca el momento en que el pueblo catalán tendrá que actuar de acuerdo con sus intereses y aspiraciones, diga lo que diga la legalidad española. Y que el camino que decidimos recorrer sólo podrá ser hecho contra la legalidad actual, una legalidad que sustituiremos por una propia, catalana y democrática. La legitimidad de esta nueva legalidad catalana se levantará frente a la legalidad española hija de la transición. Cuando es todo un pueblo el que va contra la legalidad es que ya ha llegado el momento en que, precisamente, se puede decir en voz alta que es la legalidad la que va contra todo un pueblo».

Recurre impúdicamente Carod-Rovira a suplantar la voz de Cataluña, ocultando a los lectores la polarización, la profunda división de opiniones existente en la sociedad sobre este asunto de la secesión.

La bajísima factura intelectual de sus razonamientos esgrimidos de ningún modo justificaría que se le tildase de golpista barato, por cuanto la maquinaria propagandística y de agitación de la que forma parte el medio que publica su torticero artículo nos cuesta a todos los contribuyentes un dineral: Nació Digital, un Egin en versión catalanista que incluso aventaja en la cantidad y en el tono de las aberraciones al extinto periódico batasuno, recibió durante el segundo semestre de 2014 del departamento de la Presidencia de la Generalidad 132.325,71 euros (22.017.146 pesetas) en subvenciones (Resolución PRE/725/2015, de 13 d'abril; DOGC núm. 6858, 24/04/2015).

Una cifra en la que, obviamente, no están incluidas las cantidades cobradas además por la inserción de publicidad institucional del Gobierno autonómico.