Desmontar embustes

A finales de julio, el día 29, TotTarragona.cat publicó un artículo de enorme valor. Venía firmado por Joaquim Vandellós Ripoll, quien ya había colaborado anteriormente en la sección de Opinión de ese diario digital, así como en la de algunos otros, mediante nada desdeñables aportaciones. En esta, que lleva por título «La falsedad del ‘Derecho a decidir’», reúne los principales y más propagados dogmas del credo secesionista y los pulveriza bajo el peso de una lógica incontestable. Y con gran valentía además, en esta Cataluña de fanatismo y violencia donde se criminaliza toda disidencia del pensamiento único. Lo cual convierte en aún más admirable a este jovencísimo autor que cuenta con tan solo 17 años de edad.

Artículo de Joaquim Vandellós

Esta es la traducción del artículo íntegro, originalmente publicado en catalán:

«En una época necesitada y carente de horizontes, con ideologías reprimidas y dificultades económicas, el independentismo nos ofrece un proyecto de futuro ante la falta de cohesión de la sociedad española. Frente al paro, los recortes en sanidad y educación, y las congelaciones salariales, se nos propone ni más ni menos que romper con el resto de España. De forma maquiavélica y aprovechando la grave situación actual que sufren muchas personas, se nos ha pintado a España de manera falaz como la responsable de todos nuestros males y al supuesto Estado Catalán como la solución a todos nuestros problemas. ¿Qué mejor manera hay de fomentar el odio a España que echándole la culpa de la situación actual?

»El separatismo, creyéndose poseedor de una moralidad superior, ha defendido con una hipotética legitimidad democrática el “Derecho a decidir” y ha convertido en derecho su voluntad de romper la unidad de España, tildando de antidemocráticos a quienes nos oponemos a ese derecho ficticio. La posibilidad de que ganase el sí en una consulta ficticia nos permitiría alcanzar la “plenitud nacional” y librarnos de España, la culpable de todos nuestros males. Es curioso que se considere que los ciudadanos de Cataluña están capacitados para decidir en qué Estado desean vivir, pero en cambio no se les quiera conceder el mismo derecho a elegir una cosa tan simple como que sus hijos estudien en catalán o en castellano como lengua vehicular en las escuelas. Tampoco se concede el derecho a que Tarragona decida si realmente quiere seguir formando parte de Cataluña o prefiere constituirse en una comunidad uniprovincial, con las ventajas que eso comportaría. Por lo tanto las bases de ese supuesto “Derecho a decidir” no son la legitimidad democrática y la libertad del pueblo como nos intentan hacer creer los separatistas, sino la defensa de sus intereses partidistas y su voluntad de romper con España.

»Un claro ejemplo de esa moralidad democrática superior que se atribuye el nacionalismo es el atrevimiento de la portavoz de CiU en el Ayuntamiento de Tarragona, Victòria Forns, que se atrevió a acusar al pleno de “perpetrar un atentado contra la democracia” por votar contra el Pacto por el Derecho a Decidir. Lo que sin embargo no mencionó la Sra. Forns es el poco respeto que su partido tiene por el Estado de Derecho. Un partido como CiU, que ha incumplido una sentencia del Tribunal Constitucional y cinco del Tribunal Supremo en referencia a la inmersión lingüística y que ha expresado públicamente su insumision a las leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados que no le gusten, no creo que sea el más adecuado para dar lecciones de democracia a nadie.

»Si la unidad de España se puede quebrar, la de Cataluña también. Si Cataluña tiene derecho a decidir, también lo tendrán sus municipios. En una hipotética consulta, ¿permitirán los nacionalistas que todos aquellos municipios como Tarragona donde gane el no a la ruptura continúen formando parte de España?

»La soberanía nacional reside en el conjunto de la nación española, no solo en una parte de esta. Resultaría terriblemente injusto que una decisión que afecta al conjunto de la población, fuese tomada por solo unos cuantos. Sería como pretender que Valls por sí misma tomase una decisión que afectase al conjunto de la provincia. Esa soberanía está contemplada en la Constitución Española de 1978, que es la garantía de nuestra democracia. Los que no respetan el ordenamiento jurídico y proponen consultas ilegales son quienes realmente atentan contra la democracia».