Este señor que luce estética a medio camino entre Harpo Marx y Super Mario Bros es Joan Tardà, diputado de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso. Sabe bien lo que es hacer el ridículo, no hay más que escuchar cualquiera de sus intervenciones parlamentarias. Seguramente ha sido en su calidad de experto sobre este tema en la que ha tachado de «ridículo» que el pasado 25 de julio, con motivo de la tradicional Ofrenda Nacional que viene celebrándose desde 1643 en la capital compostelana, el Rey le pidiera al Apóstol Santiago ayuda para superar las dificultades de la crisis, para favorecer la cohesión y el entendimiento entre los españoles. Se la solicitó también para «erradicar el odio, la violencia y la sinrazón de la barbarie terrorista», y, por supuesto, no vamos a creer que fuera esta parte la que irritó especialmente al republicano porque en su partido hay ex terroristas sin juzgar ni arrepentir, ingresados en los años noventa tras la disolución de la banda Terra Lliure.Pero don Joan no sólo hace el ridículo desde la tribuna de oradores del hemiciclo. El 6 de diciembre de 2008, en el calor de un mitin, gritó «¡Muera el Borbón!», para luego desdecirse y alegar ridículamente esquivando su responsabilidad que no se refería a Don Juan Carlos, no, sino a su lejanísimo antepasado de hace tres siglos: Felipe V. Nada más lógico y natural.
Pero justo antes de compartir con todos nosotros sus “buenos” deseos hacia el Monarca, este lenguaraz independentista lanzó una grave acusación que no le ha acarreado consecuencias políticas, ni judiciales tampoco:
«El Tribunal Constitucional es un órgano corrupto».
Si viajamos en la cápsula del tiempo, encontramos que el 9 de diciembre de 1986 unas declaraciones mucho menos graves le valieron al entonces alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, una condena de la Audiencia Territorial de Sevilla de seis años y un día de inhabilitación para ejercer cargos públicos, dos meses de arresto mayor y 40.000 pesetas de multa. El tribunal consideró que su ya célebre frase «la Justicia es un cachondeo», declarada a los medios de comunicación a raíz de una sentencia sobre urbanismo adversa para él, era «tendenciosa y difamante», y que el gaditano había intentado una campaña de descrédito a los magistrados. Finalmente se libró dos años después, el 21 de enero de 1988, porque la Sala Segunda del Tribunal Supremo le absolvió en apelación. Pero fue por los pelos, con los votos particulares en contra de dos de los cinco magistrados. Y el caso es que ya nadie le quitaba el mal trago de haberse tenido que sentar en el duro banquillo de los acusados por aquella salida de tono.
Con Tardà no ha pasado igual. Él y sus compañeros de ideología parecen tener licencia para esto y para otras muchas cosas más. Y es que algún malpensado observador podría deducir que en este régimen de Rodríguez Zapatero, donde el PSOE necesita de los nacionalismos para apuntalar su insuficiente mayoría en el Parlamento, hay quienes juegan con las cartas marcadas.
