Los sediciosos

Bien podría ser ése el título de una de aquellas inclasificables películas de Mariano Ozores sobre pícaros ibéricos, que tan exitosamente protagonizaron Andrés Pajares y Fernando Esteso: Los liantes, Los bingueros, Los energéticos, Los chulos... El pasado 5 de julio, el pleno del Ayuntamiento de El Port de la Selva aprobó por unanimidad declarar al gerundense municipio «moralmente excluido del ámbito de la Constitución Española», en airada respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Eso sí, ningún miembro del concejo se declaró “excluido” de su sueldo y las prebendas, ni moral ni materialmente. Con tan desagradable retoque del documento estatutario y todo, pero ellos ahí, agarrados a la pasta y al poder, al cargo que ostentan gracias al orden constitucional del cual abominan.

La resolución, además, llamaba a los vecinos a «participar masivamente en los actos públicos contra esta sentencia», y a otros ayuntamientos para que siguieran el mismo ejemplo. Y, como de selva va la cosa, resonó igual a aquel famoso alarido de Tarzán convocando en su auxilio a la fauna, de manera que al día siguiente se sumaron el pueblo de Vilafranca del Penedés y el de Sant Pere de Torelló. Montesquiu, Tarrés y Vich lo hicieron a continuación. Y hasta un alcalde en solitario, el de Calders, Jaume Perarnau i Llorens, escribía el 7 de julio una carta a la Delegación del Gobierno liberándose de «la promesa de fidelidad a la Contitución y al Rey de España» que formalizó cuando tomó posesión de su ilustre empleo. Pocas horas pasaron hasta que cinco colegas de su comarca copiaron la hazaña del súbito héroe rural mediante el envío de misivas similares, y luego se retrataron todos juntos en un balcón consistorial sonriendo. Que es que eso de desacatar da mucha risa. Ya puestos, podrían haberse enredado en un pregón parecido al del gran Pepe Isbert en ¡Bienvenido, Mister Marshall!:

—Como alcalde vuestro que soy, os debo una sedición. Y esta sedición que os debo, os la voy a pagar...

El Código Penal tipifica así dicho delito en su artículo 544:

«Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Y en el posterior artículo, 545, prescribe penas de prisión de diez a quince años para quienes «fueran personas constituidas en autoridad». Aparejadas a la inhabilitación absoluta por el mismo periodo.

El contagio se ha extendido a las más altas instancias. El 15 de julio, el consejero de Interior, Joan Saura, arrojaba esta chulesca y escuetísima respuesta a una interpelación en el parlamento catalán:

«El gobierno [de la Generalidad] no tiene previsto modificar ninguna ley en función de la sentencia del Tribunal Constitucional».

Dos días después, su socio en el tripartito, Joan Puigcercós, proclamaba incendiariamente lo siguiente desde el escenario del festival Acampada Jove, una especie de Woodstock en versión palurda que cada año organizan las Juventudes de ERC:

«No acataremos la sentencia, no transformaremos ninguna de las leyes que nos impone el Tribunal Constitucional. Tenemos el derecho y tenemos la obligación de ser insumisos de la legalidad española».

La última ha sido ayer mismo. Carme Capdevila, consejera de Acción Social y Ciudadanía, anunciando a los medios la plena vigencia de la Ley de Acogida de inmigrantes, pese a incluir varios aspectos de manifiesta inconstitucionalidad.

Sorprendentemente, ni desde el Gobierno de España ni desde la Fiscalía General del Estado se han ordenado detenciones. No se han intervenido judicialmente esos montaraces ayuntamientos, ni se ha suspendido la Autonomía de Cataluña tras tamaños desafíos. Nada de nada. El día que los ciudadanos nos declarásemos moral y pecuniariamente excluidos de nuestros políticos impresentables y dejásemos de pagar impuestos, de obedecer sus arbitrarias leyes, se acabaría toda esta tontería para siempre.