El amigo americano

Anda la secta eufórica perdida porque un triunfante Carles Puigdemont se chulea ya en libertad. «El tiempo del diálogo ha llegado», declaró anteayer a los periodistas a su salida de la prisión alemana de Neumünster tras doce días de reclusión. Recordemos que en la terminología de los separatistas, dialogar es siempre sinónimo de doblegar al otro sin que ellos hayan rebajado jamás sus pretensiones ni ofrecido contraprestación alguna por las incontables cesiones extraídas del Estado desde los primeros tiempos de la Transición.

La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein, que seguirá estudiando la solicitud de extradición del ex presidente por un presunto delito de malversación de fondos públicos, ha desestimado tramitarla por rebelión. Pues aunque considera que «como iniciador del referéndum» al ex presidente «se le puede imputar la violencia que tuvo lugar el día de la consulta», argumenta en un comunicado, «estos actos violentos no tuvieron la forma, la envergadura y el efecto suficiente como para ejercer tanta presión en el Gobierno y que éste tuviera que capitular». No encuentra por tanto correspondencia con el delito de alta traición, severamente castigado en su legislación. Pero ¿es esto así?

Dejando de lado la obviedad de que la violencia ejercida con una fuerza capaz de derrocar una democracia a menudo conlleva la imposibilidad de enjuiciar a los traidores porque estos consiguieron subvertir la legalidad, lo que el Código Penal alemán, en su artículo 81, contempla como «alta traición» es lo siguiente (compárese con el delito de rebelión en nuestro ordenamiento:

«Alta traición contra la Federación

(1) Quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia,

1. perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania.

2. cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años.

(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años».

Y bajo el título «Alta traición contra un Estado federal», establece el artículo 82:

(1) Quien intente, con violencia o por medio de amenaza con violencia,

1. incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado de la República Federal de Alemania o separar una parte de un Estado o,

2. cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de uno hasta 10 años.

(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años».

No se menciona nada acerca del grado o intensidad de fuerza necesaria. Pero el tribunal, que dice basar su decisión en la jurisprudencia, remite a la sentencia del Tribunal Federal que revocó la condena de Alexander Schubart por coerción al Gobierno, un líder ecologista que en 1981 había promovido el bloqueo del aeropuerto de Fráncfort con miles de manifestantes para impedir la ampliación de sus pistas. «Perseguían el objetivo de ejercer una presión política tan masiva sobre el Gobierno del Estado federado de Hesse que debería sentirse obligado a cancelar el proyecto», sostiene el comunicado, pero «los disturbios en el aeropuerto no fueron adecuados para obligar al Gobierno de Hesse a cumplir con las demandas de los acusados». Y fingen los magistrados teutones que es análogo al caso de Puigdemont y sus secuaces, quienes han dado un golpe de libro, meticulosamente planeado y ejecutado por fases en lo que fue el alzamiento de una parte del Estado, la Generalidad con los numerosos recursos bajo su control y el cuerpo armado de los Mozos de Escuadra, contra el Estado, desobedeciendo todas las advertencias y sentencias previas del Tribunal Constitucional, y culminándolo el pasado 27 de octubre con una declaración de secesión que muy bien podría haber provocado una guerra civil.

Profesora del Instituto Santa Eugenia, de Gerona, este
verano, en lo que es ya una imagen habitual

Y hace apenas 48 horas a los golpistas les ha brotado otro amigo en la persona de David Kaye, relator especial de la ONU sobre los derechos a la libertad de opinión y expresión desde 2014, quien ha pedido públicamente a las autoridades españolas que no se les acuse de rebelión.

Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico que ejercen su labor voluntariamente, sin retribución económica alguna. Profesor de Derecho en la Universidad de California y ensayista, Kaye ha querido encuadrar la actuación de los procesados dentro de «los derechos a las protestas públicas y la disidencia», así como de «la libertad de expresión», que según nos recuerda, «es la piedra angular de toda sociedad democrática y libre y así lo seguirá siendo después de que las actuales controversias políticas desaparezcan». Se ha mostrado «preocupado» por el asunto e insta a nuestras altas instituciones a dialogar. No insta a los totalitarios a cumplir las leyes, no; sino a los demás a que les premiemos con nuevas concesiones el que hayan roto la convivencia, pues al parecer cargamos con el inexcusable deber de tener que acomodarnos a las imposiciones dictadas por una minoría levantisca que no se quiere adaptar:

«Tengo la esperanza de que España desplegará sus instituciones democráticas para fomentar un espacio de debate y que encontrará herramientas creativas para abordar el diálogo y la reconciliación en la actual situación política».

En definitiva, que nos dejemos extorsionar. No preocupa al señor Kaye sin embargo el adoctrinamiento infantil en Cataluña, que conculca el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 14.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño:

«Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión».

Un adoctrinamiento denunciado incluso ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (por UPyD) con un nutrido informe. Ni se ha pronunciado tampoco sobre la imposibilidad para los alumnos castellanohablantes de escolarizarse en español en esta región, a pesar de que los informes de la UNESCO, el organismo para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas, concluye que los niños escolarizados en su lengua materna tienen más probabilidades de desarrollar habilidades de alfabetización y sufren menos fracaso escolar.

Diríase que las multimillonarias cifras del dinero de nuestros impuestos que la Generalidad lleva años destinando a propagar internacionalmente su relato falsario, victimista y llorón (más de 29 millones euros solo en 2017), cuando no directamente a comprar voluntades y editoriales en la prensa extranjera, están dando sus frutos.

Un golpe en doce clicks

La primera rebelión de la historia retransmitida en directo y a la vez financiada —vía Fondo de Liquidez Autonómico— por el propio Estado contra el que se perpetra, ha dejado una estela de incisivos tuits o mensajes en la red social de los 140 caracteres. La inteligencia colectiva, analizando en tiempo real unas sesiones tan delictuosas como grotescas: la aprobación en el Parlamento autonómico de Cataluña de la convocatoria de un referéndum de secesión este miércoles; y al día siguiente, el jueves 7, la de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República [catalana], también conocida como ley de desconexión con España. En ambos casos, con los votos de Junts pel Sí (‘Juntos por el Sí’) y la CUP, que suman 72 diputados en una Cámara con 135 escaños merced a la aberrante ley electoral vigente en la región (que privilegia en el reparto a los sufragios de las zonas agrarias, las más separatistas), a pesar de que no representan siquiera al 48% del electorado (47'8%).

«La de España no, pero la ruptura entre catalanes sí que se la está currando la Generalidad». (@PhilAMellows. 06-09-2017, 13:18).

«La única diferencia del 23-F con Carme Forcadell y el Parlament de hoy es que algunas diputadas de la CUP tienen más bigote que Tejero». (@LadyPotorro. 06-09-2017, 15:06).

«Leyes redactadas en secreto, que no se pueden debatir ni recurrir, y que derogan toda la legislación anterior. Pero el fascista eres tú». (@juanarza. 06-09-2017, 20:01).

«Si te pillan atracando una mercería, te detienen por delito flagrante. Si das un golpe de estado en el Parlamento de Cataluña lo dan por la tele». (@rosadiezglez. 06-09-2017, 21:15).

«Da igual evitar el referéndum. Cuando regalasteis la Educación de los niños catalanes a los nazis renunciasteis a Cataluña». (@jjmuela. 06-09-2017, 21:33).

«Los que creen que lucir la bandera de España y el himno es algo rancio se arrancan con Els Segadors. Anda, iros a la mierda podemitas!». (@Emma_Marug. 06-09-2017, 21:41).

«Quizá a los diputados de Junts pel Sí y la CUP solo les ha faltado acabar el pleno levitando para terminar de incumplir todo tipo de leyes». (@libertaddigital. 06-09-2017, 21:59).

«Nadie ha engañado y robado tanto a los catalanes como esos nacionalistas que se presentan como salvadores de la patria catalana». (@CCivicaCatalana. 07-09-2017, 00:11).

«Jamás se vio que un gobierno se escondiera detrás de los jueces y dejase en sus manos la lucha contra un golpe de Estado». (@clubdeviernes. 07-09-2017, 09:14).

«Gente que canta himnos y se aplaude a sí misma: el Procés resumido en dos imágenes». (@jjmuela. 07-09-2017, 11:07).

«O sea, que Rajoy va a recurrir el golpe de Estado ante los tribunales en los que los independentistas llevan décadas meándose». (@FrayJosepho. 07-09-2017, 15:07).

«El vicepresidente Junqueras ha llamado a Montoro a ver si había ingresado el FLA de este mes. Que tienen que pagar la imprenta y las urnas». (@jordi_canyas. 07-09-2017, 17:50).

Aunque el Presidente del Gobierno ha asegurado solemnemente en Twitter que «no habrá referéndum de autodeterminación» y garantiza el «derecho de todos los españoles» a «decidir lo que es nuestro país y su futuro» (07-09-2017, 15:02), lo cierto es que no se ha producido ninguna detención.

Crash

Seguramente todos les hemos oído anunciar el célebre xoc de trens (‘choque de trenes’), una terrible y muy gráfica evocación con que la secta nos ilustra desde hace años su firme determinación de transgredir la legalidad de manera tan grave en un futuro, que ocasione la desintegración del Estado, o al menos una profunda crisis institucional.

Que miles de personas obedientemente uniformadas
renuncien a su individualidad para formar mosaicos
humanos propios de regímenes totalitarios, indica
el grado de adoctrinamiento logrado en Cataluña

Algunos, dotados de una excesiva confianza en la solidez del sistema —y no poca guasa— han acogido la bravata vaticinando que, más que una espectacular colisión, lo que en realidad se aproxima es el rápido atropello de una bicicleta por un pesadísimo convoy Euromed lanzado sobre raíles a máxima velocidad en un tramo sin curvas. Pero la interminable carrera de desacatos y desafíos impunemente perpetrados por los separatistas hasta el día de hoy, alimenta serias dudas acerca de a quién representaría el endeble vehículo a pedales en ese amenazante símil ferroviario: si a estos... o a nuestro vapuleado Estado de Derecho.

Para los golpistas de la Generalidad y sus cómplices, esta es una intentona con coste casi cero, donde poco o nada tienen que perder (pues saben que nadie osará aplicar el artículo 155 de la Constitución para suspender la Autonomía, y aun menos procesarles por un delito de rebelión, o de sedición) y sí mucho que ganar, tanto si consuman la secesión, como si el episodio se salda con la obtención de mayores privilegios para la oligarquía catalana. Además de que los provocadores planean aprovechar cualquier contundente reacción arrancada al Estado para victimizarse ante el mundo, como siempre.

Por lo confuso e interesado de los sondeos publicados hasta la fecha, es muy difícil determinar si en Cataluña los partidarios de la secesión son los más. Que desde luego los nacionalismos constituyen una fuerza residual en el conjunto de España aparece como incuestionable, a la luz de su raquítica presencia en las Cámaras de representación de la soberanía nacional: el Congreso de los Diputados y el Senado. Pero eso no necesariamente resulta tranquilizador.

Las revoluciones y grandes revueltas, de algún modo violentas (contra la legalidad, contra el territorio, contra la población), los cambios políticos traumáticos en definitiva que han azotado las naciones, han sido impulsados en su casi totalidad por minorías. Muy activas, muy vehementes, incluso fanáticas, eso sí; a menudo integradas por gente de perfil histérico y hasta agresivo. Pero minorías al fin y al cabo. Y si triunfaron se debió a que, por miedo o por comodidad, el resto rehusaron oponerse.

¿Eran mayoritarios, por ejemplo, los fascistas cuando Benito Mussolini conquistó el poder? Ni de lejos. De hecho, las fuentes cifran en apenas 40.000 los camisas negras que, en actitud intimidatoria, acudieron desde todos los rincones del Reino de Italia en 1922 para ejecutar la funesta Marcha sobre Roma. Aunque para torcer la voluntad de Víctor Manuel III, bastaron. Porque, se desconoce si con la intención de evitar un baño de sangre, o como parte de una maniobra vil para conservar su trono, el atemorizado monarca cambió el signo de los tiempos incluyendo a Mussolini en su Gobierno y dando así paso a todo cuanto vino después; la historia rebosa de casos similares a ese (entre socios de cuota, y simpatizantes y colaboradores adheridos, la Assemblea Nacional Catalana, organización separatista que está detrás de las últimas movilizaciones multitudinarias y la cual no tuvo empacho alguno en copiar hasta el nombre para la manifestación que convocó el 11 de septiembre de 2012: Marcha sobre Barcelona, asegura contar con más de 51.000 miembros, siendo la actual población de Cataluña cinco veces menor que la italiana en aquella época, según datos del Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali).

Como lo que haya de pasar parece inminente, pronto presenciaremos qué le sucede al ciclista Mariano.

Un millón y medio de pacíficos

La primera mitad del título es mentira. Y la segunda, también. Ya ha transcurrido un año desde la tan cacareada manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto —que no para pedir la secesión de Cataluña, como arteramente la han presentado luego; pues no era ése, ni muchísimo menos, el lema de la convocatoria— y los separatistas continúan repitiendo incesantemente la falacia del millón y medio de asistentes, de que en unas pocas calles se congregaron casi tantos manifestantes como habitantes tiene Barcelona (1.621.537 censados, según datos del Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2010).

Nadie ha aportado todavía una sola prueba que corrobore tan disparatada cifra: ni un análisis de fotografías aéreas, ni un recuento informático efectuado a partir de imágenes, ni un cálculo de superfícies y densidad humana, ni la cuantificación de un organismo oficial u entidad —del extranjero o de aquí— independiente y medianamente fiable. Nada, absolutamente nada. Sólo la misma gran trola, burda y manoseada, que ya hasta hiede de tanto tiempo como lleva en descomposición. Recordemos que ni llenando de manifestantes la Diagonal de Barcelona, una avenida 7 veces más larga (10,2 kilómetros de longitud) y 8 metros más ancha que el Paseo de Gracia (50 metros), sería posible reunir siquiera a un millón (con una proporción de 1,7 personas/m², muy elevada para una masa en movimiento si aspiramos a que no vayan pisándose los talones unas a otras durante la marcha).

Pero es que tampoco resultó una manifestación tan civilizada y modélica como nos la han querido pintar: se produjeron varios incidentes violentos, el más grave de los cuales fue, sin duda, el intento de agresión al entonces presidente de la Generalidad, José Montilla. Sus cincuenta escoltas pasaron verdaderos apuros para repeler a los energúmenos que se abalanzaron sobre él para obsequiarle unas obleas. Frustrados en su propósito, éstos hubieron de contentarse con perseguir al de Iznájar en su huida por la calle Caspe, chillándole irreproducibles lindezas de las que se aprenden en los clubs de carretera, junto con el peor insulto de todos, aquél que los separatistas reservan sólo para sujetos especialmente odiados: español.

Además de dicho conato de linchamiento, ocurrieron otras acciones reprobables, e incluso ilegales. Entre ellas, el ultraje de banderas nacionales, pisoteándolas (como aparece arriba, en la fotografía tomada ese día y publicada en un hipersubvencionado foro secesionista) y quemándolas, delito contemplado con severas penas en el artículo 543 del Código Penal. En diversos puntos del recorrido de la manifestación, se cometió también apología del terrorismo y fratricida incitación a levantarse en armas contra el resto de la nación al irracional grito de: «¡Guerra por la tierra!».

El vídeo (a la derecha), muestra cómo unos embozados prenden fuego a una bandera española de grandes dimensiones —con bastante torpeza, por cierto—, en la confluencia de la calle Aragón con el Paseo de Gracia. Visiblemente excitados por las llamas —no hay concentración catalanista donde no incendien algo—, los presentes prorrumpen en aplausos, y corean vivas a la extinta organización terrorista Terra Lliure y consignas contra España. Hasta que alguien descubre a unos policías de paisano entre la multitud, y ésta reacciona airadamente contra ellos insultándoles, acorralándoles y lanzándoles objetos.

Los sediciosos

Bien podría ser ése el título de una de aquellas inclasificables películas de Mariano Ozores sobre pícaros ibéricos, que tan exitosamente protagonizaron Andrés Pajares y Fernando Esteso: Los liantes, Los bingueros, Los energéticos, Los chulos... El pasado 5 de julio, el pleno del Ayuntamiento de El Port de la Selva aprobó por unanimidad declarar al gerundense municipio «moralmente excluido del ámbito de la Constitución Española», en airada respuesta a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. Eso sí, ningún miembro del concejo se declaró “excluido” de su sueldo y las prebendas, ni moral ni materialmente. Con tan desagradable retoque del documento estatutario y todo, pero ellos ahí, agarrados a la pasta y al poder, al cargo que ostentan gracias al orden constitucional del cual abominan.

La resolución, además, llamaba a los vecinos a «participar masivamente en los actos públicos contra esta sentencia», y a otros ayuntamientos para que siguieran el mismo ejemplo. Y, como de selva va la cosa, resonó igual a aquel famoso alarido de Tarzán convocando en su auxilio a la fauna, de manera que al día siguiente se sumaron el pueblo de Vilafranca del Penedés y el de Sant Pere de Torelló. Montesquiu, Tarrés y Vich lo hicieron a continuación. Y hasta un alcalde en solitario, el de Calders, Jaume Perarnau i Llorens, escribía el 7 de julio una carta a la Delegación del Gobierno liberándose de «la promesa de fidelidad a la Contitución y al Rey de España» que formalizó cuando tomó posesión de su ilustre empleo. Pocas horas pasaron hasta que cinco colegas de su comarca copiaron la hazaña del súbito héroe rural mediante el envío de misivas similares, y luego se retrataron todos juntos en un balcón consistorial sonriendo. Que es que eso de desacatar da mucha risa. Ya puestos, podrían haberse enredado en un pregón parecido al del gran Pepe Isbert en ¡Bienvenido, Mister Marshall!:

—Como alcalde vuestro que soy, os debo una sedición. Y esta sedición que os debo, os la voy a pagar...

El Código Penal tipifica así dicho delito en su artículo 544:

«Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales».

Y en el posterior artículo, 545, prescribe penas de prisión de diez a quince años para quienes «fueran personas constituidas en autoridad». Aparejadas a la inhabilitación absoluta por el mismo periodo.

El contagio se ha extendido a las más altas instancias. El 15 de julio, el consejero de Interior, Joan Saura, arrojaba esta chulesca y escuetísima respuesta a una interpelación en el parlamento catalán:

«El gobierno [de la Generalidad] no tiene previsto modificar ninguna ley en función de la sentencia del Tribunal Constitucional».

Dos días después, su socio en el tripartito, Joan Puigcercós, proclamaba incendiariamente lo siguiente desde el escenario del festival Acampada Jove, una especie de Woodstock en versión palurda que cada año organizan las Juventudes de ERC:

«No acataremos la sentencia, no transformaremos ninguna de las leyes que nos impone el Tribunal Constitucional. Tenemos el derecho y tenemos la obligación de ser insumisos de la legalidad española».

La última ha sido ayer mismo. Carme Capdevila, consejera de Acción Social y Ciudadanía, anunciando a los medios la plena vigencia de la Ley de Acogida de inmigrantes, pese a incluir varios aspectos de manifiesta inconstitucionalidad.

Sorprendentemente, ni desde el Gobierno de España ni desde la Fiscalía General del Estado se han ordenado detenciones. No se han intervenido judicialmente esos montaraces ayuntamientos, ni se ha suspendido la Autonomía de Cataluña tras tamaños desafíos. Nada de nada. El día que los ciudadanos nos declarásemos moral y pecuniariamente excluidos de nuestros políticos impresentables y dejásemos de pagar impuestos, de obedecer sus arbitrarias leyes, se acabaría toda esta tontería para siempre.