Es el último artículo de Josep-Lluís Carod-Rovira, aparecido el 6 de agosto bajo el título «Contra la legalitat» (‘Contra la legalidad’), de una repugnancia tal que empujaría a cualquiera a agotar la gama completa de antieméticos disponibles en las farmacias catalanas, esas a las que Artur Mas no les paga los medicamentos desde ni se sabe cuándo. Y constituye además un claro llamamiento a la rebelión, que difícilmente quedaría sin respuesta de la fiscalía en otros países de nuestro entorno:
«Buena parte de los argumentos recurrentes contra la independencia de Cataluña, por el lado español, da igual en Madrid que en Barcelona, se basan en la afirmación de que este propósito es incompatible con la legalidad. Y, por tanto, que será el uso de esta legalidad lo que impedirá las aspiraciones nacionales de nuestro pueblo. Lo dicen y se quedan tan anchos pensando, tal vez, que tan solo mencionando la ley ya nos tiemblan las piernas. Curiosa legalidad esta que va contra los intereses de los ciudadanos cuando, de hecho, es la ley la que debe estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la ley. Las leyes deben facilitar la vida a las personas y contribuir a hacer posibles sus objetivos, no complicárselos o bien impedirlos u obstaculizarlos. Se habla de la ley como si fuera del libro en mayúscula en las religiones monoteístas (la Torá, la Biblia, el Corán), con lo que se llega a sacralizar, como es el caso de la constitución [sic] española, cuando resulta, además, que la Alianza Popular de la época no votó a favor...».
Las leyes democráticas se han revelado, con el transcurso del tiempo, como la única fórmula comprobada de convivencia pacífica en sociedad. Salvaguardan nuestras vidas y haciendas, garantizan nuestros derechos y nos protegen frente a arbitrariedades o abusos del poder. Son lo único que consigue alejarnos de la barbarie. Y merecen el máximo respeto de todo demócrata auténtico.
Por otra parte, Carod-Rovira no es el primer separatista en propalar esa falacia sobre AP: precisamente fue Manuel Fraga Iribarne (1912-2012), fundador de Alianza Popular —el 9 de octubre de 1976—, uno de los siete ponentes encargados de la redacción del anteproyecto de Constitución por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. El texto definitivo (Boletín Oficial de las Cortes, número 170) fue aprobado en el Congreso el 31 de octubre de 1978, por 325 votos afirmativos, con 6 votos en contra, 14 abstenciones y 5 ausencias (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 130). De los 16 representantes de la formación antecesora del Partido Popular en la Cámara Baja, 8 votaron a favor, 5 en contra y 3 se abstuvieron. Los dos senadores del partido, Abel Matutes y Francisco Cacharro, manifestaron su apoyo en la votación celebrada ese mismo día en la Cámara Alta (Diario de Sesiones del Senado, núm. 68).
«Y se hace pasando por alto, generalmente, el origen de la legalidad, quién la ha hecho, quién la ha aprobado, con qué objetivos, en qué contexto histórico y con qué condicionantes».
El “origen de la legalidad” reside y residía entonces en la nación española, que el 15 de junio de 1977 había elegido libremente a sus representantes políticos en las Cortes Constituyentes y que, posteriormente, el 6 de diciembre de 1978, refrendó con el 87,78% de votos afirmativos (15.706.078) el Proyecto de Constitución aprobado por estas, con una elevada participación del 67,11% (17.873.301); el respaldo obtenido en Cataluña rebasó la media española: 90,46% (2.701.870 sufragios), con una participación que fue también más alta, del 67,91%. Los “objetivos” no eran otros que dejar atrás el franquismo y construir un sistema democrático. Y el “contexto histórico” lo conoce él perfectamente: transitar hacia el régimen actual, donde ha podido defender sus ideas políticas sin cortapisas y con total libertad (y vivir muy bien de ello), a pesar de que su partido, ERC, fue responsable de la tortura y el asesinato de miles de civiles en Cataluña durante la Guerra Civil.
En octubre de 2011, hizo el siguientebalance de la reunión que en 2004
había mantenido con la cúpula de
ETA en Francia: «Valió la pena»
«Las leyes, en democracia, siempre son el resultado de la correlación de fuerzas establecida por los ciudadanos en las urnas. La democracia es, en buena parte, una cuestión de demografía, demografía de las ideas, si se quiere, pero demografía al fin. En este caso, pues, es obvio que la opinión del pueblo catalán nunca podrá ser tenida en cuenta y respetada, en España, porque siempre seremos minoría demográfica. Y en caso de que consigamos alguna victoria parcial, como el último estatuto, para lo cual tienen su tribunal constitucional pensado para filtrar la voluntad popular, siempre que les plazca».
“La opinión del pueblo catalán”, por lo demás diversa y —afortunadamente— nunca única, recibe la misma consideración que la del resto de españoles cada vez que somos convocados a unas elecciones, sean municipales, autonómicas, generales o europeas; así como también en los referendos. Y resulta lógico que las minorías no puedan imponer su voluntad a la mayoría. En ninguna nación sucede lo contrario, de hecho. Un burdo intento de confundir el suyo, luego del cual Carod-Rovira enarbola otro clásico del separatismo: la invocación de la sentencia del Estatuto como casus belli y eterno motivo para la falsa victimización. Los artículos modificados, y los total o parcialmente derogados por el Tribunal Constitucional, lo fueron porque colisionaban con nuestra Carta Magna. El principio de la jerarquía normativa impide que las normas contravengan a aquellas de mayor rango. Teniendo el Estatuto de Cataluña, de 2006, carácter de Ley Orgánica, no podía vulnerar la Constitución, de donde emanan todas las leyes, las instituciones y los poderes del Estado. Los políticos nacionalistas no cumplieron su deber de elaborar un texto estatutario conforme a esta.
Como al parecer no tenía pendiente reunirse con ningún jerarca etarra, siguió escribiendo:
«No tener en cuenta el origen de la legalidad vigente en un territorio, en cada momento, es hacer trampa. Durante el franquismo, el derecho de asociación era inexistente porque iba contra la legalidad y afiliarse a un partido político o a un sindicato era ilegal, el derecho de reunión también lo era, como la libertad de expresión, de manifestación o el derecho de huelga, justamente porque iban en contra de la legalidad vigente. Era tras el amparo de esta legalidad antidemocrática donde se refugiaban los capitostes de la dictadura. Ahora que hay derechos básicos individuales reconocidos, pero no colectivos, el pueblo catalán se ve impedido para avanzar en su proceso de emancipación nacional porque este es ilegal, según la constitución española. Y quizá sea necesario que recordemos el origen del actual sistema institucional español: una monarquía nombrada a dedo por el dictador y una constitución que fue hecha en inferioridad de condiciones por parte de los partidos de tradición democrática, bajo la mirada atenta de los militares, “padres de la constitución”, también, en algunos artículos fundamentales. Fingir que todo esto no existe es esconder la cabeza bajo el ala».
Por cuarta vez en su pieza periodística escribe el término Constitución con la c en minúscula, lo cual podría ser intencionado: siendo el autor licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona, y habiendo desempeñado el puesto de Técnico superior de planificación lingüística de la Generalidad entre 1981 y 1988, sin duda conocerá los preceptos ortográficos del catalán, lengua original del artículo, que señalan su incorrección. La psicología infantil ha estudiado cómo en sus dibujos los niños tienden a representar mediante figuras más pequeñas (y alejadas del centro del papel) a las personas que detestan. Curiosamente, no resulta infrecuente encontrar en foros de Internet a separatistas que, en su afán despreciativo, incluso llegan a poner, literalmente, «espanya».
«Desde el punto de vista legal, pues, estamos en un callejón sin salida, porque, además, el tribunal constitucional ha frenado, frena y frenará cualquier aspiración colectiva que, a su juicio, no encaje en el marco constitucional. Un tribunal, recordémoslo, profundamente político y con miembros designados por los mismos partidos que usan la constitución como amenaza y como freno. Hay momentos en que la democracia y la legalidad no van por el mismo camino. Hay momentos en que legalidad y justicia tienen muy poco que ver».
¿Y quién decide qué leyes son justas y cuáles, injustas? ¿Cada uno escoge las que más le gusten y las que no, simplemente, se las salta? Las normas pueden cambiarse, pero nunca transgredirse. Independientemente de la palabrería con que adorne sus intenciones, desde el momento en que alguien se cree legitimado para violentar el orden constitucional estamos ante un vulgar golpista.
«Hay que ser conscientes, pues, de que se acerca el momento en que el pueblo catalán tendrá que actuar de acuerdo con sus intereses y aspiraciones, diga lo que diga la legalidad española. Y que el camino que decidimos recorrer sólo podrá ser hecho contra la legalidad actual, una legalidad que sustituiremos por una propia, catalana y democrática. La legitimidad de esta nueva legalidad catalana se levantará frente a la legalidad española hija de la transición. Cuando es todo un pueblo el que va contra la legalidad es que ya ha llegado el momento en que, precisamente, se puede decir en voz alta que es la legalidad la que va contra todo un pueblo».
Recurre impúdicamente Carod-Rovira a suplantar la voz de Cataluña, ocultando a los lectores la polarización, la profunda división de opiniones existente en la sociedad sobre este asunto de la secesión.
La bajísima factura intelectual de sus razonamientos esgrimidos de ningún modo justificaría que se le tildase de golpista barato, por cuanto la maquinaria propagandística y de agitación de la que forma parte el medio que publica su torticero artículo nos cuesta a todos los contribuyentes un dineral: Nació Digital, un Egin en versión catalanista que incluso aventaja en la cantidad y en el tono de las aberraciones al extinto periódico batasuno, recibió durante el segundo semestre de 2014 del departamento de la Presidencia de la Generalidad 132.325,71 euros (22.017.146 pesetas) en subvenciones (Resolución PRE/725/2015, de 13 d'abril; DOGC núm. 6858, 24/04/2015).
Una cifra en la que, obviamente, no están incluidas las cantidades cobradas además por la inserción de publicidad institucional del Gobierno autonómico.
Gracias por ésta excelente entrada... y ya van unas cuantas. Si se me permite quisiera aportar mi visión sobre el particular.
ResponderEliminarHace años leí la anécdota en la revista “Muy Interesante” del tiempo en que Gaudí le enseñaba los trabajos de la Sagrada Familia al Rey Alfonso (antepasado del actual) y a su comitiva, haciendo unas profusas explicaciones en catalán. Alguien del séquito hizo notar al famoso arquitecto que el rey no entendía el catalán, a lo cual el genio de Reus dijo ”Pitjor per a ell”. No puedo confirmar que la anécdota -que hubiera hecho las delicias de los comisarios políticos de la ANC y de Òmnium- sea cierta, aunque no me extrañaría lo más mínimo, dado el tarannà que emplean algunos por estas latitudes.
Es algo muy catalán el ir contra corriente de lo que hagan o digan el común de los mortales en el resto de España, como decía Norma Duval en el famoso spot de la época, “porque yo lo valgo”. Desde los hechos históricos: “Guerra de Independencia” vs.” Guerra del Francès”, “Guerra de la Convención” vs. “Guerra Gran”, etc, hasta la inveterada costumbre de traducir si o sí los nombres del castellano al catalán, sea cualquiera la procedencia el personaje histórico que se ponga por delante, el ir contra corriente como los salmones es algo muy nuestro.
El historial de ERC ha sido ampliamente manipulado para tapar esos hechos históricos que pudieran sonrojar a la parroquia bien pensante de hoy en día: desde su pasado de pistolerismo a principios de siglo XX, hasta las salidas de tono racistas del “prócer” Heribert Barrera, las entrevistas “de amagatotis” de Josep-Lluís con el entorno de ETA, los kits de supercoche del President del Parlament de la época y un largo etcétera de desaguisados, con un pelotón de personajes que harían las delicias del mismo Fellini: Colom, Rahola, Portabella “el humilde”, Benach, Puigcercós y el mismo Carod-Rovira como estrellas principales, entre unos cuantos “cracks” más.
Vemos que el señor Carod tiene el mismo vicio conceptual que muchos personajillos de la órbita independentista y es identificar su discurso propio con el de todos los catalanes. Él opina por todo el pueblo y obviamente conoce los intereses del pueblo catalán como la palma de la mano. ¡Faltaría más!.
La legalidad.. ¿para qué? La legalidad es mala porque va manifiestamente contra el pensar de todos, toditos los catalanes, y nosotros, grandes personajes políticos con una trayectoria a la altura de Adenauer y Dag Hammarskjöl (¡qué menos!) lo sabemos de sobra.
Al igual que Herr-Pep, que debía sentir una urticaria -mental y física- de tres pares de coj… cuando defendía los colores de la selección española en Barcelona-92, seguramente teniendo tales alucinaciones mentales por la experiencia que ríase usted de las visiones de Santa Teresa de Ávila. A pesar de no sentirse españoles, estos personajillos, por desgracia públicos, que pueblan nuestra geografía catalana renegando de sus raíces y vínculos históricos, tienen un defecto mal que les pese tremendamente español: la falta de memoria.
Esta legalidad “española” que tanto ofende al Sr. Carod-Rovira y a todos los catalanes “de bien” ha sido la que le permitió en el pasado participar en un proceso electoral, fueran cuales fueran sus ideas, acceder a la Generalitat de Catalunya el gobierno autonómico de esta tierra, fueran cuales fueran sus ideas, pegarse unos viajes de padre y muy señor mío, fueran cuales fueran sus ideas (impagable su viaje a Israel con Maragall para las videotecas futuras), poner en marcha proyectos faraónicos malgastando a espuertas en un tiempo de récord el erario público, como la famosa Casa de les Llengües, de los que nunca más se supo, fueran cuales fueran sus ideas, y disfrutar de un “retiro” de privilegio que ya lo quisiera para sí más de un parado o jubilado de éste país, independientemente de su credo político.