Déjà vu

Ante la intolerable oleada de difamaciones que pueblan Internet ―junto con otros espacios donde también florece el siempre deseable debate público como producto de la convergencia de diferentes corrientes de opinión―, y actuando en mi calidad de autor y administrador únicos del blog, me siento en la obligación moral de precisar lo siguiente: que NO existen similitudes entre el nacionalismo catalán y el nazismo alemán fundado por Adolf Hitler.

Ninguna, ni la más remota; por mucho que algunos se obstinen en buscarlas.

No son en absoluto comparables, ni en sus métodos ni en la escenificación de sus multitudinarias movilizaciones.

Tampoco en su iconografía.

Desconozco a quién puede habérsele ocurrido tan disparatadas ignominias.

Pero albergo el convencimiento de que tales acusaciones responden, sin duda, a un ánimo infamante contra esa nobilísima y democrática opción ideológica de la Cataluña de nuestros días.

Y creo que es así porque resulta imposible encontrar puntos en común entre ambos movimientos políticos.

¡Como si alguna vez hubiera podido alguien demostrar lo contrario, vamos!

Nuestra postura ética, la mía y la de todos, no debe ser otra que la de hacer prevalecer la verdad negando cualquier semejanza.

Combatir esas malintencionadas analogías sin descanso, con denuedo, vigorosamente... más aun, ¡febrilmente! En todo momento, circunstancia y lugar.

Desmentirlas, sea cual sea la clase de mentes calenturientas de las que provengan.

A mí se me hace muy difícil comprender cómo puede haber gente capaz de inventar maledicencias así, la verdad.

Sirva la presente aclaración como comunicado oficial de este sitio web y procúrese en adelante su máxima divulgación a iniciativa de los amables lectores que lo deseen.

En Cataluña, a primero de septiembre del año de Nuestro Señor de dos mil quince.

Golpismo del caro

Es el último artículo de Josep-Lluís Carod-Rovira, aparecido el 6 de agosto bajo el título «Contra la legalitat» (‘Contra la legalidad’), de una repugnancia tal que empujaría a cualquiera a agotar la gama completa de antieméticos disponibles en las farmacias catalanas, esas a las que Artur Mas no les paga los medicamentos desde ni se sabe cuándo. Y constituye además un claro llamamiento a la rebelión, que difícilmente quedaría sin respuesta de la fiscalía en otros países de nuestro entorno:

«Buena parte de los argumentos recurrentes contra la independencia de Cataluña, por el lado español, da igual en Madrid que en Barcelona, ​​se basan en la afirmación de que este propósito es incompatible con la legalidad. Y, por tanto, que será el uso de esta legalidad lo que impedirá las aspiraciones nacionales de nuestro pueblo. Lo dicen y se quedan tan anchos pensando, tal vez, que tan solo mencionando la ley ya nos tiemblan las piernas. Curiosa legalidad esta que va contra los intereses de los ciudadanos cuando, de hecho, es la ley la que debe estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la ley. Las leyes deben facilitar la vida a las personas y contribuir a hacer posibles sus objetivos, no complicárselos o bien impedirlos u obstaculizarlos. Se habla de la ley como si fuera del libro en mayúscula en las religiones monoteístas (la Torá, la Biblia, el Corán), con lo que se llega a sacralizar, como es el caso de la constitución [sic] española, cuando resulta, además, que la Alianza Popular de la época no votó a favor...».

Las leyes democráticas se han revelado, con el transcurso del tiempo, como la única fórmula comprobada de convivencia pacífica en sociedad. Salvaguardan nuestras vidas y haciendas, garantizan nuestros derechos y nos protegen frente a arbitrariedades o abusos del poder. Son lo único que consigue alejarnos de la barbarie. Y merecen el máximo respeto de todo demócrata auténtico.

Por otra parte, Carod-Rovira no es el primer separatista en propalar esa falacia sobre AP: precisamente fue Manuel Fraga Iribarne (1912-2012), fundador de Alianza Popular —el 9 de octubre de 1976—, uno de los siete ponentes encargados de la redacción del anteproyecto de Constitución por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. El texto definitivo (Boletín Oficial de las Cortes, número 170) fue aprobado en el Congreso el 31 de octubre de 1978, por 325 votos afirmativos, con 6 votos en contra, 14 abstenciones y 5 ausencias (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 130). De los 16 representantes de la formación antecesora del Partido Popular en la Cámara Baja, 8 votaron a favor, 5 en contra y 3 se abstuvieron. Los dos senadores del partido, Abel Matutes y Francisco Cacharro, manifestaron su apoyo en la votación celebrada ese mismo día en la Cámara Alta (Diario de Sesiones del Senado, núm. 68).

«Y se hace pasando por alto, generalmente, el origen de la legalidad, quién la ha hecho, quién la ha aprobado, con qué objetivos, en qué contexto histórico y con qué condicionantes».

El “origen de la legalidad” reside y residía entonces en la nación española, que el 15 de junio de 1977 había elegido libremente a sus representantes políticos en las Cortes Constituyentes y que, posteriormente, el 6 de diciembre de 1978, refrendó con el 87,78% de votos afirmativos (15.706.078) el Proyecto de Constitución aprobado por estas, con una elevada participación del 67,11% (17.873.301); el respaldo obtenido en Cataluña rebasó la media española: 90,46% (2.701.870 sufragios), con una participación que fue también más alta, del 67,91%. Los “objetivos” no eran otros que dejar atrás el franquismo y construir un sistema democrático. Y el “contexto histórico” lo conoce él perfectamente: transitar hacia el régimen actual, donde ha podido defender sus ideas políticas sin cortapisas y con total libertad (y vivir muy bien de ello), a pesar de que su partido, ERC, fue responsable de la tortura y el asesinato de miles de civiles en Cataluña durante la Guerra Civil.

En octubre de 2011, hizo el siguiente
balance de la reunión que en 2004
había mantenido con la cúpula de
ETA en Francia: «Valió la pena»

El que fuera vicepresidente de la Generalidad en el primer tripartito continúa con su manida artimaña de contraponer legalidad a voluntad popular, cuando en las democracias aquella emana siempre de esta:

«Las leyes, en democracia, siempre son el resultado de la correlación de fuerzas establecida por los ciudadanos en las urnas. La democracia es, en buena parte, una cuestión de demografía, demografía de las ideas, si se quiere, pero demografía al fin. En este caso, pues, es obvio que la opinión del pueblo catalán nunca podrá ser tenida en cuenta y respetada, en España, porque siempre seremos minoría demográfica. Y en caso de que consigamos alguna victoria parcial, como el último estatuto, para lo cual tienen su tribunal constitucional pensado para filtrar la voluntad popular, siempre que les plazca».

“La opinión del pueblo catalán”, por lo demás diversa y —afortunadamente— nunca única, recibe la misma consideración que la del resto de españoles cada vez que somos convocados a unas elecciones, sean municipales, autonómicas, generales o europeas; así como también en los referendos. Y resulta lógico que las minorías no puedan imponer su voluntad a la mayoría. En ninguna nación sucede lo contrario, de hecho. Un burdo intento de confundir el suyo, luego del cual Carod-Rovira enarbola otro clásico del separatismo: la invocación de la sentencia del Estatuto como casus belli y eterno motivo para la falsa victimización. Los artículos modificados, y los total o parcialmente derogados por el Tribunal Constitucional, lo fueron porque colisionaban con nuestra Carta Magna. El principio de la jerarquía normativa impide que las normas contravengan a aquellas de mayor rango. Teniendo el Estatuto de Cataluña, de 2006, carácter de Ley Orgánica, no podía vulnerar la Constitución, de donde emanan todas las leyes, las instituciones y los poderes del Estado. Los políticos nacionalistas no cumplieron su deber de elaborar un texto estatutario conforme a esta.

Como al parecer no tenía pendiente reunirse con ningún jerarca etarra, siguió escribiendo:

«No tener en cuenta el origen de la legalidad vigente en un territorio, en cada momento, es hacer trampa. Durante el franquismo, el derecho de asociación era inexistente porque iba contra la legalidad y afiliarse a un partido político o a un sindicato era ilegal, el derecho de reunión también lo era, como la libertad de expresión, de manifestación o el derecho de huelga, justamente porque iban en contra de la legalidad vigente. Era tras el amparo de esta legalidad antidemocrática donde se refugiaban los capitostes de la dictadura. Ahora que hay derechos básicos individuales reconocidos, pero no colectivos, el pueblo catalán se ve impedido para avanzar en su proceso de emancipación nacional porque este es ilegal, según la constitución española. Y quizá sea necesario que recordemos el origen del actual sistema institucional español: una monarquía nombrada a dedo por el dictador y una constitución que fue hecha en inferioridad de condiciones por parte de los partidos de tradición democrática, bajo la mirada atenta de los militares, “padres de la constitución”, también, en algunos artículos fundamentales. Fingir que todo esto no existe es esconder la cabeza bajo el ala».

Por cuarta vez en su pieza periodística escribe el término Constitución con la c en minúscula, lo cual podría ser intencionado: siendo el autor licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona, y habiendo desempeñado el puesto de Técnico superior de planificación lingüística de la Generalidad entre 1981 y 1988, sin duda conocerá los preceptos ortográficos del catalán, lengua original del artículo, que señalan su incorrección. La psicología infantil ha estudiado cómo en sus dibujos los niños tienden a representar mediante figuras más pequeñas (y alejadas del centro del papel) a las personas que detestan. Curiosamente, no resulta infrecuente encontrar en foros de Internet a separatistas que, en su afán despreciativo, incluso llegan a poner, literalmente, «espanya».

«Desde el punto de vista legal, pues, estamos en un callejón sin salida, porque, además, el tribunal constitucional ha frenado, frena y frenará cualquier aspiración colectiva que, a su juicio, no encaje en el marco constitucional. Un tribunal, recordémoslo, profundamente político y con miembros designados por los mismos partidos que usan la constitución como amenaza y como freno. Hay momentos en que la democracia y la legalidad no van por el mismo camino. Hay momentos en que legalidad y justicia tienen muy poco que ver».

¿Y quién decide qué leyes son justas y cuáles, injustas? ¿Cada uno escoge las que más le gusten y las que no, simplemente, se las salta? Las normas pueden cambiarse, pero nunca transgredirse. Independientemente de la palabrería con que adorne sus intenciones, desde el momento en que alguien se cree legitimado para violentar el orden constitucional estamos ante un vulgar golpista.

«Hay que ser conscientes, pues, de que se acerca el momento en que el pueblo catalán tendrá que actuar de acuerdo con sus intereses y aspiraciones, diga lo que diga la legalidad española. Y que el camino que decidimos recorrer sólo podrá ser hecho contra la legalidad actual, una legalidad que sustituiremos por una propia, catalana y democrática. La legitimidad de esta nueva legalidad catalana se levantará frente a la legalidad española hija de la transición. Cuando es todo un pueblo el que va contra la legalidad es que ya ha llegado el momento en que, precisamente, se puede decir en voz alta que es la legalidad la que va contra todo un pueblo».

Recurre impúdicamente Carod-Rovira a suplantar la voz de Cataluña, ocultando a los lectores la polarización, la profunda división de opiniones existente en la sociedad sobre este asunto de la secesión.

La bajísima factura intelectual de sus razonamientos esgrimidos de ningún modo justificaría que se le tildase de golpista barato, por cuanto la maquinaria propagandística y de agitación de la que forma parte el medio que publica su torticero artículo nos cuesta a todos los contribuyentes un dineral: Nació Digital, un Egin en versión catalanista que incluso aventaja en la cantidad y en el tono de las aberraciones al extinto periódico batasuno, recibió durante el segundo semestre de 2014 del departamento de la Presidencia de la Generalidad 132.325,71 euros (22.017.146 pesetas) en subvenciones (Resolución PRE/725/2015, de 13 d'abril; DOGC núm. 6858, 24/04/2015).

Una cifra en la que, obviamente, no están incluidas las cantidades cobradas además por la inserción de publicidad institucional del Gobierno autonómico.

Fraude

Ha vuelto a hacerlo: el golpista y trilero Artur Mas intenta pegárnosla de nuevo con el timo del votomocho y ha adelantado las elecciones para el próximo 27 de septiembre, revistiéndolas de carácter plebiscitario como paso previo a una proclamación de secesión.

Posando ante los periodistas en el Palacio de la
Generalidad la noche del pasado 14 de enero,
tras el anuncio del adelanto electoral

Serán los terceros comicios autonómicos que se celebran en Cataluña en menos de cinco años (28 de noviembre de 2010, 25 de noviembre de 2012 y ahora, estos), con los gastos y el consiguiente clima de inestabilidad política, ecónómica y social que provoca.

La fecha elegida no lo ha sido al azar: en la Ciudad Condal, donde hay gran población (1.611.822 habitantes, según los últimos datos del Ayuntamiento de Barcelona) y relativamente poca proporción de separatismo, tanto en la urbe como en su cinturón metropolitano ―recordemos que es una ideología eminentemente rural―, cae en puente debido a la festividad de la Virgen de la Merced. Y es este un factor que posiblemente favorecerá allí la abstención. A lo cual cabe añadir que, gracias al sistema electoral diseñado por el entonces presidente Jordi Pujol para privilegiar el voto de los feudos del nacionalismo, la obtención de un escaño en el Parlamento autonómico por las circunscripciones de Lérida o Gerona, cuesta entre cuatro y cinco votos menos que por la de Barcelona.

Lo más asombroso es que el día en que el presidente Mas anunció la convocatoria electoral desde el Palacio de la Generalidad, estuvo flanqueado por dos señoras a quienes nadie nunca ha elegido democráticamente: Carme Forcadell y Muriel Casals; presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) la una, y de la hipersubvencionada Òmnium Cultural la otra, dos organizaciones radicales dedicadas a la propaganda y la agitación. Esa es la seriedad institucional reinante aquí.

Referéndum de autodeterminación de Cataluña del 9-N: chavales de 16 y de 17 años de edad ejerciendo el sufragio; inmigrantes sin papeles, también; urnas de cartón y papeletas recortables a lo Art Attack, autofotos de gente votando tres veces... y al final de la jornada, la mano inocente de Oriol Junqueras efectuando el recuento. Si algo positivo aportó la celebración de aquel acto ilegal, inconstitucional y judicialmente prohibido fue dejar al descubierto otra más de las muchas mentiras del movimiento separatista: la de que este proceso secesionista nace de un clamor mayoritario del pueblo y a él se han sumado después los políticos, no sin cierto oportunismo. Pues bien, de creer las cifras de resultados que ellos mismos cocinaron, más del 71% de la población catalana llamada a pronunciarse mostró desinterés por romper con el resto de España: absteniéndose, o emitiendo votos en contra. Pero ellos siguen adelante con sus planes, simulando el éxito que no fue.

¿Hasta dónde llegarán? Sencillo: hasta donde se les deje.

In fraganti

Martes, 7 de octubre del corriente año (o sea, hace tres semanas, para mejor entendernos): cuelgo en Facebook un enlace hacia «Bestiario», la última entrada publicada en Catalibanes. Transcurridos sólo unos instantes, la página de la red social me notifica que una usuaria, a quien ni conocía ni conozco, y de nombre tan olvidado como olvidable, lo había compartido en su muro junto con la siguiente exclamación (así, en mayúsculas):

«HAY QUE VER LO QUE PUBLICAN DE NOSOTROS LOS CATALANES».

Portada de El País, del 19-05-1984. Ya por entonces el
presidente Jordi Pujol, imputado en la querella por el
Caso Banca Catalana, ejercitaba esa técnica victimista
de hacer pasar por agresión a Cataluña toda iniciativa
contra el nacionalismo y sus latrocinios

Las proclamas a favor de la secesión de Cataluña y la simbología política de ese signo que plagaban su perfil confirmaron mis sospechas de un rápido vistazo. Y decidí enviarle este mensaje a través del chat:

«Me ha gustado mucho que comparta usted mi enlace titulado “Bestiario”, porque así alcanza todavía más difusión. Lo que pasa es que ese truquito de presentar cualquier crítica al NACIONALISMO como un ataque a los CATALANES ya está muy visto y no cuela. Saludos».

A partir de ahí se desencadenó una conversación, en tiempo real, donde persuadida quizás por la propaganda separatista que nos describe a todos los disidentes como seres toscos e intelectualmente inferiores, intentó confundirme esmerándose en el arte del disimulo:

LA SUSODICHA: «No lo he publicado en plan de critica [sic], cada persona tiene su opinion [sic], tu [sic] la tuya, yo la mia [sic], y todas son muy respetables. el [sic] comentario que he hecho lo mismo hubiese sido de un articulo [sic] a favor. hay [sic] veces que las cosas no son lo que parecen. un [sic] buen dia [sic] y un abazo [sic]».

MENDA: «Sí, si todo eso que me pones está muy bien y queda muy bonito, pero tú me has entendido perfectamente: ¿por qué escribes “HAY QUE VER LO QUE PUBLICAN DE NOSOTROS LOS CATALANES”, cuando el artículo del blog no habla de los ‘catalanes’, sino de los ‘nacionalistas’?».

S: «La gran mayoría lo son, digan lo que digan, de cara a la sociedad se dice una cosa y en privado es otea [sic]. Nada que el comentario habría sido el mismo por mi parte. Repito un feliz día y un gran abrazo».

M: «Aunque la “gran mayoría” de los catalanes fuesen nacionalistas, evidentemente no todos lo serían; por lo tanto, presentar una crítica al nacionalismo como un ataque a los catalanes diciendo: “HAY QUE VER LO QUE PUBLICAN DE NOSOTROS LOS CATALANES”, es falsear y actuar de mala fe».

S: «Es tu opinión. Ya te digo que su [sic] fuese un articulo elogiandolos [sic] hubiese hecho el mismo comentario, te lo creas o no, la gente que me conoce lo sabe y con eso me basta. Un abrazo».

M: «El que tú hayas falseado un enlace colgado por mí presentándolo como un ataque a los catalanes NO es una OPINIÓN, sino un HECHO. Y lo sabes. No cuela».

Tras de lo cual, obtuve la callada por respuesta. Así son ellos, así es como tergiversan las cosas para después cobardear.

Caudillo

Esta semana, Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona, ha publicado en El País un artículo extraordinariamente clarificador. Se titula «La independencia que viene de lejos», y sus tesis coinciden con lo tantas sostenido por este blog en multitud de crónicas (¡Falta diálogo!, La estrategia del miedo, El eslabón perdido, Deprisa, deprisa, Mussolini 2.0, El bloguero tiene quien le escriba, En el dolor y en la enfermedad o Rumbo a Kosovo; y en especial, Al final del camino y Decidiendo): que no estamos ante ninguna deriva secesionista de Convergència i Unió, como de manera irreductible repiten innumerables pazguatos empeñados en seguir sin enterarse de nada, sino en la última fase de una estrategia cuidadosamente ejecutada desde la Generalidad durante décadas. Por supuesto, esta no se desactivaría otorgando todavía más transferencias de poder y dinero a la Autonomía catalana. Ni tampoco transformando España en un Estado federal, como sugiere algún que otro pánfilo.

El proyecto separatista de Jordi Pujol, iniciado en la
Transición mediante la zapa del Estado y la creación
de una nación imaginaria, está próximo a concluir

El certero análisis de Francesc de Carreras concuerda también con las premonitorias palabras del ex presidente Josep Tarradellas cuando, en la temprana fecha del 31 de octubre de 1985, advirtió sobre las malas artes de Jordi Pujol, sucesor suyo al frente de la Generalidad por aquel entonces, y sobre la clase de régimen que estaba instaurando en Cataluña: «una dictadura blanca muy peligrosa, que no fusila, que no mata, pero que dejará un lastre muy fuerte».

Aunque extenso, el artículo es de los que atrapan al lector desde el primer párrafo y luego se antojan cortos. Porque compone un retrato de nuestra situación tan fidedigno como infrecuente:

«Parece que finalmente la situación en Cataluña preocupa, y mucho, en el resto de España, especialmente entre la clase política que reside en Madrid. La sesión del Congreso en la que tres parlamentarios representantes de la Cámara catalana expresaron con meridiana claridad, aunque cada uno con sus propios matices, que estaban dispuestos a separarse de España, ha tenido su impacto. La cosa, según parece, va en serio, el arreglo no parece fácil y las partes están cada vez más distanciadas.

»Considero positiva esta nueva percepción desde el exterior de la realidad catalana. Hasta ahora se pensaba que Cataluña sufría un simple estado febril que podía curarse con aspirinas, a lo más con antibióticos. Quizás ha llegado el momento de pensar que el alcance de la enfermedad es bastante más grave porque su causa no está en una estratagema táctica de los dirigentes nacionalistas sino en el resultado de una labor callada, desarrollada desde hace muchos años, en el seno de la misma sociedad catalana.

»En efecto, por lo menos desde 1980, durante el primer Gobierno de Pujol, comenzó lo que suele denominarse “proceso de construcción nacional”, una inteligente obra de ingeniería social cuyo objetivo ha sido el de transformar la mentalidad de la sociedad catalana con la finalidad de que sus ciudadanos se convenzan de que forman parte de una nación cultural, con una identidad colectiva muy distinta al resto de España, que solo podrá sobrevivir como tal nación si dispone de un Estado independiente. Se trata de aplicar la clásica fórmula decimonónica del principio de las nacionalidades: toda nación (identitaria) tiene derecho a un Estado propio.

»Digo que este proceso ha sido inteligente porque, a pesar de llevarse a cabo de forma premeditada y perseverante, una buena parte de los catalanes no se han dado cuenta de la manipulación, sigilosa y astuta, a la que han sido sometidos. Solo ahora algunos están abriendo los ojos a la realidad, como si despertaran de un mal sueño.

»En efecto, desde el primer momento las fuerzas nacionalistas han ido presionando para conseguir la hegemonía política, social y cultural dentro de la sociedad catalana. Para tal cometido ha resultado decisivo el apoyo activo y pasivo de los partidos de izquierda, tanto el PSC como ICV-IU, así como de los sindicatos CCOO y UGT, las patronales y otros muchos sectores de la llamada sociedad civil, desde las asociaciones de maestros y de padres en las escuelas hasta los clubes y las federaciones deportivas. Sin su inapreciable colaboración, tan generosamente subvencionada por la Generalitat, el nacionalismo hubiera sido tan solo la ideología de una pequeña parte de la población. Ahora son muchos los que se lamentan, pero cuando hace años algunos discrepantes ya se lo advertían, tildaban a estos de exagerados y alarmistas, por supuesto de nacionalistas españoles y, presos de un síndrome de Estocolmo colectivo, hasta de fachas.

»¿Cuáles han sido, a mi parecer, las principales líneas estratégicas de esta construcción nacional?

»En primer lugar, considerar desde sus inicios que la autonomía era manifiestamente escasa para las aspiraciones catalanas. A pesar de que la Generalitat ha dispuesto siempre de un gran poder político, como han reconocido todos los especialistas en sistemas federales, las muestras de insatisfacción han sido constantes. Curiosamente, que las competencias catalanas, así como las del Estado, se transfirieran a la Unión Europea, nunca ha suscitado queja alguna. En cambio, han sido numerosos los conflictos competenciales internos. La razón de fondo está en que así se alimentaba la sensación de que la Generalitat, además de tener poco poder, aún se le racaneaba el que tenía y de esta manera se pretendía demostrar que había que superar el Estado de las autonomías por ineficiente para el progreso de la sociedad catalana. De este modo, el Estatuto siempre ha sido considerado como un instrumento para alcanzar mayores cotas de poder, nunca como un instrumento para ejercer lo mejor posible aquellas que posee.

»Por este motivo, la Generalitat se dotó desde el primer momento de instituciones más propias de un Estado que de una comunidad autónoma. Lo que se ha pretendido es ir preparando el Estado del futuro mientras se desarrollaban las competencias del presente. De ahí resultaron duplicidades y disfunciones que a la postre han resultado carísimas y financieramente insostenibles. Todo ello acentuado por el hecho de que muchas de los demás comunidades han imitado el ejemplo catalán tras igualarse las competencias en sentido federal durante los años noventa.

»En segundo lugar, desde la Generalitat, a través de sus instrumentos de agitación y propaganda, se ha intentado dividir a los ciudadanos en catalanistas y españolistas, dando legitimidad política, social y cultural solo a los primeros. No ha sido una cuestión de lengua sino de ideología. El nacionalismo catalán se fue convirtiendo rápidamente en la única ideología legítima y obligatoriamente transversal. No importaba ser de derechas, de izquierdas o de centro, mientras no se saliera de los límites fijados por quienes determinaban lo nacionalmente correcto. En lo demás se podía discrepar, en eso no. Además, o eras nacionalista catalán o nacionalista español: la razonable alternativa de no ser nacionalista de ningún tipo, es decir, de ser no-nacionalista, algo tan común y civilizado en los países de nuestro entorno, era considerada como un mero subterfugio para encubrir que eras nacionalista español.

»En tercer lugar, se fue reescribiendo la historia hasta alcanzar un modelo adecuado a la nación soñada. En efecto, todo proceso de construcción nacional necesita una historia oficial única que fije los orígenes y el devenir de la nación, haciendo que esta, aunque cambiante en lo superficial, resulte inalterable en lo esencial, en las cuestiones de fondo. De ahí deben surgir la legitimidad histórica y el carácter nacional. Viejos maestros como Vicens Vives y Pierre Vilar, aunque su autoridad se invoque continuamente con todo el cinismo, han sido arrinconados incluso por sus discípulos más directos, para dar paso de nuevo a una historia romántica de Cataluña más basada en el sentimiento nacional que en los datos comprobables. El actual espectáculo de un 1714 imaginario, considerando esta fecha como el final de un inexistente Estado catalán independiente, es bien revelador. España contra Cataluña (1714-2014), título de un reciente congreso, no se sabe si mueve a risa o a pena.

»En cuarto lugar, desde sus comienzos, la Generalitat ha ejercido un estrecho control sobre la sociedad civil a través, primero, de su influencia en las asociaciones y fundaciones, colegios profesionales y centros de enseñanza; y, segundo, por la supeditación de los medios de comunicación públicos y el predominio sobre muchos medios privados. En este vasto campo, Jordi Pujol fue un auténtico maestro, conocía Cataluña palmo a palmo y no dudaba en premiar o castigar, nombrar o destituir, subvencionar o dejar en la miseria, dar permisos y concesiones o negarlas, a quienes estaban de su lado o en el lado contrario. En Cataluña ha habido unas redes clientelares y un sutil maccarthysmo que han inspirado miedo para así comprar y vender voluntades.

»Estos son algunos de los principales elementos que, durante 35 años, han creado el caldo de cultivo que nos ha conducido a la situación actual. La aspiración a la independencia, pues, viene de lejos, no es flor de un día, ni un subidón, ni un suflé. Sigue siendo minoritaria pero es la que más se oye, la que más altavoces tiene. Hacer todo lo posible para que se escuche al resto es tan importante como urgente si en lugar de construir una nación pretendemos llegar a ser una sociedad democrática».