13 AÑOS DE CRÓNICAS EN ‘CATALIBANES’ 
Mostrando entradas con la etiqueta ley. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta ley. Mostrar todas las entradas

29 de septiembre de 2018

Catalunya über alles

Apropiación de símbolos catalanes, del espacio público y de las calles. Omnipresencia visual mediante la imposición de banderería e iconografía política en todo lugar y faceta de la vida social (festejos, celebraciones, eventos culturales y deportivos, conmemoraciones, tradiciones, folclore). Usurpación del sentir popular e identificación del nacionalismo con Cataluña y con lo catalán. Sustitución de la historia por mitología y de la racionalidad por dogmatismo. Fanatización. Invención de un pasado a la medida, consolidado en la mentalidad colectiva mediante la propaganda y la educación. Desplazamiento de cualquier otra ideología hasta convertirla en irrelevante e indeseada: sólo existen ellos. Deshumanización, cosificación del disidente, quien pasa a merecer la consideración de “enemigo” del pueblo y es, por tanto, perseguible. O con nosotros o contra nosotros. Muerte social como antesala de la muerte física, de la eliminación justificada del individuo, quien es presentado como una amenaza en vez de como una persona. Las únicas actitudes toleradas son la apatía y la sumisión, la ausencia de resistencia u oposición a sus maniobras. Estructura de movimiento que va arrollándolo todo: la democracia, las leyes y a los ciudadanos. Los opositores no tienen derechos. Cualquier exceso está justificado por una concepción aviesa del bien común largamente labrada en las conciencias. Agredir es disculpable —¡e incluso necesario!— dada la inacabable lista de falsos agravios soportados durante siglos, y se etiqueta como una reacción defensiva. Institucionalización de la mentira y de la negación de lo evidente como armas políticas. Redefinición de la moral, que queda supeditada a los objetivos. Perversión del lenguaje, adulteración. Acuñación de una nueva terminología subvirtiendo los significados (presos políticos, exiliados, represaliados, encarcelados por sus ideas, persecución judicial, mandamiento democrático, voluntad popular, liberación nacional, fuerzas de ocupación, agresión a Cataluña, colonización, patriotas, colaboracionistas, expolio, esclavitud, etc.). Desobediencia de toda ley o sentencia judicial contraria a los intereses propios: recurso al ordenamiento jurídico sólo cuando este resulte útil para destruir el Estado desde dentro.

Arriba: céntrica calle de Colonia, en 1936. Abajo: Plaza de San Pedro en la localidad barcelonesa de Berga, con el Consistorio
municipal al fondo; año 2015. En la fachada han instalado con dinero público un marcador de cuenta atrás hacia la secesión

9 de enero de 2017

Inocencia perdida

Rodeado de pasajeros enfrascados en las pantallas de sus dispositivos electrónicos, soy el único en el vagón del tren que prefiere viajar leyendo un periódico de papel, el ABC. Por su negro cauce de tinta me deslizo, hasta recalar en un artículo firmado por el presidente de Sociedad Civil Catalana, Mariano Gomà, quien, sonriente, comparece en fotografía a un lado, con la mirada extraviada hacia algún futuro tan ilusionante como el título que se ha buscado: «Un nuevo escenario es posible». Y que inaugura una retahíla de despropósitos:
«La nueva estructura del gobierno [sic] español con las responsabilidades de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría que derivan su confianza en Enric Millo como Delegado del Gobierno en Cataluña abre, a mi entender, una ventana a la esperanza y a la posibilidad de ventilar el actual enrarecido ambiente renovando el aire de la comunicación fluida».
Y esa frase tan larga y tan enrevesada, para decir que le mola cantidad que Mariano Rajoy humille a la nación que representa —o sea, a todos nosotros— rebajándose a transigir con delincuentes empeñados en destruirla.
«El hecho es una buena noticia para Cataluña y el pueblo catalán que anda a la deriva, perdido en el laberinto del camino inexistente o cortado, el circuito sin fin o el regreso a la puerta de entrada; y a sabiendas de que la ya fracturada sociedad sufrirá la dolorosa frustración de unos y el camino de la alegría y la esperanza de otros, lo cierto es que se abrirá la senda del progreso, el crecimiento y la credibilidad para y con España y sus comunidades.
»Vamos a asistir en breve a nuevos gestos de aproximación, guiños y manos tendidas puesto que básicamente ese desbloqueo es sin duda de interés general así como también lo es el tema de la financiación, inversiones, reconocimientos culturales y lingüísticos, junto con otros temas de especial sensibilidad para los catalanes».
¡«Reconocimientos culturales y lingüísticos», dice! Quienes no tenemos “reconocidos” nuestros derechos lingüísticos somos los castellanohablantes, sometidos como estamos a un férreo monolingüismo en catalán, inconstitucionalmente multados por no rotular a gusto del régimen tresporcientista, e inquiridos por una policía lingüística que coadyuva en la extirpación del español para cercenar los lazos culturales y afectivos que nos unen con el resto de España. Nosotros, privados de escolarización pública en nuestra lengua materna, la cual ha sido ya eliminada —pese a ser idioma oficial— de los paneles informativos y las señales de tráfico, proscrita en las numerosas televisiones y radios al servicio de la Generalidad y, en general, erradicada de cuantas comunicaciones dirigen las distintas Administraciones locales al ciudadano. ¿A qué reconocimientos se refiere entonces Gomà?

El adoctrinamiento nacionalista empieza ya en la edad
infantil, a través de los libros de texto en las escuelas
y de los medios de comunicación, así como mediante
actividades lúdicas aparentemente inocuas pero con
carga política dirigida a mentes todavía sin formar
Pero es que, en cierto modo, también asume las reivindicaciones y los plañidos derivados del falso “expolio fiscal”, al proponer mejoras en la «financiación» y las «inversiones» públicas como posibles bazas a esgrimir por el Ejecutivo en su negociación. ¿De verdad cree que esto se arregla con más dinero?
«Y en ese escenario es imprescindible que el gobierno catalán y las formaciones que abogan por la secesión, aunque sepan de su imposibilidad, en lugar de organizar aquelarres y foros de gran toxicidad bien aireados por algunos medios, respondan de forma abierta y sincera a ese llamamiento».
Las palabras sinceridad y secesión jamás pueden ir dentro de la misma oración. Porque el movimiento separatista no es otra cosa que un inmenso —y carísimo— tinglado de naturaleza cínica, sustentado sobre mentiras e impúdicas falsificaciones de nuestra historia común, que explota afrentas inventadas mientras promete paraísos de ficción. ¡Pero quién ha elegido a este señor para ese cargo! Recordemos que desde el pasado 25 de octubre, Mariano Gomà (antes Gomá) preside una organización supuestamente dedicada a combatir el secesionismo. O eso reza al menos el manifiesto fundacional de SCC (23 de abril de 2014).
«Puesto que si por el contrario cierran la puerta en las narices al diálogo después de haber torturado a todo el mundo con el discurso del victimismo por sentirse abandonados, robados, insultados y vilipendiados; nadie les creerá ya más, el pueblo catalán no les entenderá el gesto y consecuentemente les dará la espalda. Y todo ello será la estocada final al procés y a las aspiraciones de mucha gente, pues no hay nada peor que la rebelión de los propios creyentes y seguidores».
¿Por qué engloba al «pueblo catalán» si sabe que los pesados de la estelada son minoría? Y la adoctrinada multitud de «creyentes»y «seguidores» no «dará la espalda» a sus líderes, porque para eso lleva décadas digiriendo propaganda destinada a su emocionalidad en lugar de al intelecto. De ahí que el nivel de debate de cualquiera de ellos se reduzca a una invariable repetición de eslóganes y dogmas, sin atisbo de autocrítica, que a menudo apuntalan con descalificaciones personales para amedrentar al interlocutor (fatxa, mesetari, invasor, colono, imperialista). Es el fruto del meticuloso plan pujolista, desvelado por la prensa con el nombre de Programa 2000 (El Periódico de Catalunya, 28-10-1990), para fanatizar a las masas inoculándoles odio («Memorial de agravios: Cataluña es una nación discriminada que no puede desarrollar libremente su potencial cultural y económico. Descubrimiento, constatación, ponderación y divulgación de los hechos discriminatorios, carencias, etcétera, de forma clara, contundente y sistemática. Remarcando la incidencia negativa que esto tiene para el conjunto del pueblo catalán y para cada uno de sus ciudadanos») e infiltrando a aguerridos adeptos en los puestos clave de todos los estamentos: sindical, empresarial, periodístico, artístico, deportivo... Y con particular intensidad, en el sector educativo («Impulsar el sentimiento nacional catalán de los profesores, padres y estudiantes. […] Reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza. Vigilar de cerca la elección de este personal. […] Incidir en las asociaciones de padres, aportando gente y dirigentes que tengan criterios nacionalistas. […] Potenciar a personalidades de ideología nacionalista en los órganos rectores de las tres universidades catalanas»). Merece la pena leérselo entero.

Los objetivos declarados de los nacionalistas son dos, e irrenunciables: la secesión de Cataluña y la anexión de otros territorios (los mal llamados Països Catalans). Y jamás cejarán hasta culminar ambos, hay que pararles. De manera que, lejos de desactivar sus intenciones, cualquier concesión económica o de poder —como sugiere este Mariano, tan proclive a la claudicación y la componenda como ese otro que nos gobierna— las alentaría. Aumentando además sus recursos para embestir contra la nación.
«La sociedad está ya muy cansada de tanto inútil forcejeo y pérdida de energía, máxime cuando los problemas verdaderamente importantes son la superación de la crisis, la incertidumbre de la nueva política americana, los efectos del brexit y tanta demanda social».
No, el principal problema es la ausencia de seguridad jurídica. Porque desde la Transición, el Estado ha renunciado a exigir el cumplimiento de la Ley e incluso de la Constitución en Cataluña. La impune, la sostenida conculcación de derechos y libertades acarrea o agrava otras muchas lacras, al tiempo que ahuyenta la inversión privada debido a la incertidumbre que genera. Y concluye nuestro inspirado pensador:
«Ante todo ello, al Sr. Puigdemont se le diluyen sus aspiraciones como la gota de agua en el lago, y una inútil insistencia solo le conducirá al ridículo ante propios y extraños.
»Por todo ello creo que el diálogo debe ser necesariamente posible».
Quizás la fecha de publicación no sea casual: 28 de diciembre. Y esté el autor tomándonos por inocentes; o lo sea él en grado sumo. Pero la cara y la cruz: porque sin salir de esa misma edición del diario, en la página 3, el académico Javier Rupérez nos previene contra «la inmensa pléyade de bienintencionados bobos que en España pululan, siempre dispuestos a presumir de su capacidad para dialogar con quienes no quieren hacerlo», en un magnífico artículo que a nadie conviene perderse: «Reformistas constitucionales».

1 de agosto de 2016

Crónica de una secesión anunciada

Miércoles, 27 de julio de 2016: 72 golpistas disfrazados de diputados democráticos aprueban por mayoría absoluta en el Parlamento autonómico de Cataluña las Conclusiones de la Comisión de Estudio del Proceso Constituyente. El texto es consecuencia y continuación de la Resolución 1/XI, tomada en el pleno del 9 de noviembre de 2015, la cual declaraba «solemnemente el inicio del proceso de creación de un Estado catalán en forma de república» (punto segundo). Y que también salió adelante con el apoyo de Juntos por el Sí y de Candidatura de Unidad Popular (CUP), en un hemiciclo compuesto por 135 escaños y donde, merced a nuestra imperfecta ley electoral, ambas formaciones políticas están parlamentariamente sobrerrepresentadas puesto que entre las dos apenas sumaron el 47'8% de los votos en las pasadas elecciones catalanas.


Desfile en Barcelona de los escamots (‘pelotones’)
de las Juventudes de Esquerra Republicana y Estat
Català (JEREC) el 22 de octubre de 1933, luciendo
uniformes de estética paramilitar: camisa caqui,
pantalones cortos oscuros y correajes de cuero
El recién aprobado documento arranca con un cínico intento de justificación de la sedición en marcha:
«Actualmente, no hay ningún margen de acción para el reconocimiento del derecho a decidir del pueblo catalán dentro del marco jurídico constitucional y legal español. La única manera posible de ejercer ese derecho es por la vía de la desconexión y la activación de un proceso constituyente propio».
Pero es sin duda el punto número 9, del total de 11 de que consta, el más sorprendente:
«La Asamblea Constituyente, una vez convocada, elegida y constituida, dispondrá de plenos poderes. Las decisiones de dicha asamblea serán de cumplimiento obligatorio para el resto de los poderes públicos y para todas las personas físicas y jurídicas. Ninguna de las decisiones de la asamblea será tampoco susceptible de control, suspensión o impugnación por ningún otro poder, juzgado o tribunal».
Definición de dictadura según el Diccionario de la Real Academia Española:
«1. f. Régimen político que, por la fuerza o violencia, concentra todo el poder en una persona o en un grupo u organización y reprime los derechos humanos y las libertades individuales».
Y como quinta acepción de la palabra:
«5. f. Régimen autoritario en cualquier ámbito».
Al buscar autoritario:
«5. adj. Dicho de un régimen o de una organización política: Que ejerce el poder sin limitaciones».

12 de agosto de 2015

Golpismo del caro

Es el último artículo de Josep-Lluís Carod-Rovira, aparecido el 6 de agosto bajo el título «Contra la legalitat» (‘Contra la legalidad’), de una repugnancia tal que empujaría a cualquiera a agotar la gama completa de antieméticos disponibles en las farmacias catalanas, esas a las que Artur Mas no les paga los medicamentos desde ni se sabe cuándo. Y constituye además un claro llamamiento a la rebelión, que difícilmente quedaría sin respuesta de la fiscalía en otros países de nuestro entorno:
«Buena parte de los argumentos recurrentes contra la independencia de Cataluña, por el lado español, da igual en Madrid que en Barcelona, ​​se basan en la afirmación de que este propósito es incompatible con la legalidad. Y, por tanto, que será el uso de esta legalidad lo que impedirá las aspiraciones nacionales de nuestro pueblo. Lo dicen y se quedan tan anchos pensando, tal vez, que tan solo mencionando la ley ya nos tiemblan las piernas. Curiosa legalidad esta que va contra los intereses de los ciudadanos cuando, de hecho, es la ley la que debe estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la ley. Las leyes deben facilitar la vida a las personas y contribuir a hacer posibles sus objetivos, no complicárselos o bien impedirlos u obstaculizarlos. Se habla de la ley como si fuera del libro en mayúscula en las religiones monoteístas (la Torá, la Biblia, el Corán), con lo que se llega a sacralizar, como es el caso de la constitución [sic] española, cuando resulta, además, que la Alianza Popular de la época no votó a favor...».
Las leyes democráticas se han revelado, con el transcurso del tiempo, como la única fórmula comprobada de convivencia pacífica en sociedad. Salvaguardan nuestras vidas y haciendas, garantizan nuestros derechos y nos protegen frente a arbitrariedades o abusos del poder. Son lo único que consigue alejarnos de la barbarie. Y merecen el máximo respeto de todo demócrata auténtico.

Por otra parte, Carod-Rovira no es el primer separatista en propalar esa falacia sobre AP: precisamente fue Manuel Fraga Iribarne (1912-2012), fundador de Alianza Popular —el 9 de octubre de 1976—, uno de los siete ponentes encargados de la redacción del anteproyecto de Constitución por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. El texto definitivo (Boletín Oficial de las Cortes, número 170) fue aprobado en el Congreso el 31 de octubre de 1978, por 325 votos afirmativos, con 6 votos en contra, 14 abstenciones y 5 ausencias (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, núm. 130). De los 16 representantes de la formación antecesora del Partido Popular en la Cámara Baja, 8 votaron a favor, 5 en contra y 3 se abstuvieron. Los dos senadores del partido, Abel Matutes y Francisco Cacharro, manifestaron su apoyo en la votación celebrada ese mismo día en la Cámara Alta (Diario de Sesiones del Senado, núm. 68).
«Y se hace pasando por alto, generalmente, el origen de la legalidad, quién la ha hecho, quién la ha aprobado, con qué objetivos, en qué contexto histórico y con qué condicionantes».
El “origen de la legalidad” reside y residía entonces en la nación española, que el 15 de junio de 1977 había elegido libremente a sus representantes políticos en las Cortes Constituyentes y que, posteriormente, el 6 de diciembre de 1978, refrendó con el 87,78% de votos afirmativos (15.706.078) el Proyecto de Constitución aprobado por estas, con una elevada participación del 67,11% (17.873.301); el respaldo obtenido en Cataluña rebasó la media española: 90,46% (2.701.870 sufragios), con una participación que fue también más alta, del 67,91%. Los “objetivos” no eran otros que dejar atrás el franquismo y construir un sistema democrático. Y el “contexto histórico” lo conoce él perfectamente: transitar hacia el régimen actual, donde ha podido defender sus ideas políticas sin cortapisas y con total libertad (y vivir muy bien de ello), a pesar de que su partido, ERC, fue responsable de la tortura y el asesinato de miles de civiles en Cataluña durante la Guerra Civil.

En octubre de 2011, hizo el siguiente
balance de la reunión que en 2004
había mantenido con la cúpula de
ETA en Francia: «Valió la pena»
El que fuera vicepresidente de la Generalidad en el primer tripartito continúa con su manida artimaña de contraponer legalidad a voluntad popular, cuando en las democracias aquella emana siempre de esta:
«Las leyes, en democracia, siempre son el resultado de la correlación de fuerzas establecida por los ciudadanos en las urnas. La democracia es, en buena parte, una cuestión de demografía, demografía de las ideas, si se quiere, pero demografía al fin. En este caso, pues, es obvio que la opinión del pueblo catalán nunca podrá ser tenida en cuenta y respetada, en España, porque siempre seremos minoría demográfica. Y en caso de que consigamos alguna victoria parcial, como el último estatuto, para lo cual tienen su tribunal constitucional pensado para filtrar la voluntad popular, siempre que les plazca».
“La opinión del pueblo catalán”, por lo demás diversa y —afortunadamente— nunca única, recibe la misma consideración que la del resto de españoles cada vez que somos convocados a unas elecciones, sean municipales, autonómicas, generales o europeas; así como también en los referendos. Y resulta lógico que las minorías no puedan imponer su voluntad a la mayoría. En ninguna nación sucede lo contrario, de hecho. Un burdo intento de confundir el suyo, luego del cual Carod-Rovira enarbola otro clásico del separatismo: la invocación de la sentencia del Estatuto como casus belli y eterno motivo para la falsa victimización. Los artículos modificados, y los total o parcialmente derogados por el Tribunal Constitucional, lo fueron porque colisionaban con nuestra Carta Magna. El principio de la jerarquía normativa impide que las normas contravengan a aquellas de mayor rango. Teniendo el Estatuto de Cataluña, de 2006, carácter de Ley Orgánica, no podía vulnerar la Constitución, de donde emanan todas las leyes, las instituciones y los poderes del Estado. Los políticos nacionalistas no cumplieron su deber de elaborar un texto estatutario conforme a esta.

Como al parecer no tenía pendiente reunirse con ningún jerarca etarra, siguió escribiendo:
«No tener en cuenta el origen de la legalidad vigente en un territorio, en cada momento, es hacer trampa. Durante el franquismo, el derecho de asociación era inexistente porque iba contra la legalidad y afiliarse a un partido político o a un sindicato era ilegal, el derecho de reunión también lo era, como la libertad de expresión, de manifestación o el derecho de huelga, justamente porque iban en contra de la legalidad vigente. Era tras el amparo de esta legalidad antidemocrática donde se refugiaban los capitostes de la dictadura. Ahora que hay derechos básicos individuales reconocidos, pero no colectivos, el pueblo catalán se ve impedido para avanzar en su proceso de emancipación nacional porque este es ilegal, según la constitución española. Y quizá sea necesario que recordemos el origen del actual sistema institucional español: una monarquía nombrada a dedo por el dictador y una constitución que fue hecha en inferioridad de condiciones por parte de los partidos de tradición democrática, bajo la mirada atenta de los militares, “padres de la constitución”, también, en algunos artículos fundamentales. Fingir que todo esto no existe es esconder la cabeza bajo el ala».
Por cuarta vez en su pieza periodística escribe el término Constitución con la c en minúscula, lo cual podría ser intencionado: siendo el autor licenciado en Filología Catalana por la Universidad de Barcelona, y habiendo desempeñado el puesto de Técnico superior de planificación lingüística de la Generalidad entre 1981 y 1988, sin duda conocerá los preceptos ortográficos del catalán, lengua original del artículo, que señalan su incorrección. La psicología infantil ha estudiado cómo en sus dibujos los niños tienden a representar mediante figuras más pequeñas (y alejadas del centro del papel) a las personas que detestan. Curiosamente, no resulta infrecuente encontrar en foros de Internet a separatistas que, en su afán despreciativo, incluso llegan a poner, literalmente, «espanya».
«Desde el punto de vista legal, pues, estamos en un callejón sin salida, porque, además, el tribunal constitucional ha frenado, frena y frenará cualquier aspiración colectiva que, a su juicio, no encaje en el marco constitucional. Un tribunal, recordémoslo, profundamente político y con miembros designados por los mismos partidos que usan la constitución como amenaza y como freno. Hay momentos en que la democracia y la legalidad no van por el mismo camino. Hay momentos en que legalidad y justicia tienen muy poco que ver».
¿Y quién decide qué leyes son justas y cuáles, injustas? ¿Cada uno escoge las que más le gusten y las que no, simplemente, se las salta? Las normas pueden cambiarse, pero nunca transgredirse. Independientemente de la palabrería con que adorne sus intenciones, desde el momento en que alguien se cree legitimado para violentar el orden constitucional estamos ante un vulgar golpista.
«Hay que ser conscientes, pues, de que se acerca el momento en que el pueblo catalán tendrá que actuar de acuerdo con sus intereses y aspiraciones, diga lo que diga la legalidad española. Y que el camino que decidimos recorrer sólo podrá ser hecho contra la legalidad actual, una legalidad que sustituiremos por una propia, catalana y democrática. La legitimidad de esta nueva legalidad catalana se levantará frente a la legalidad española hija de la transición. Cuando es todo un pueblo el que va contra la legalidad es que ya ha llegado el momento en que, precisamente, se puede decir en voz alta que es la legalidad la que va contra todo un pueblo».
Recurre impúdicamente Carod-Rovira a suplantar la voz de Cataluña, ocultando a los lectores la polarización, la profunda división de opiniones existente en la sociedad sobre este asunto de la secesión.

La bajísima factura intelectual de sus razonamientos esgrimidos de ningún modo justificaría que se le tildase de golpista barato, por cuanto la maquinaria propagandística y de agitación de la que forma parte el medio que publica su torticero artículo nos cuesta a todos los contribuyentes un dineral: Nació Digital, un Egin en versión catalanista que incluso aventaja en la cantidad y en el tono de las aberraciones al extinto periódico batasuno, recibió durante el segundo semestre de 2014 del departamento de la Presidencia de la Generalidad 132.325,71 euros (22.017.146 pesetas) en subvenciones (Resolución PRE/725/2015, de 13 d'abril; DOGC núm. 6858, 24/04/2015).

Una cifra en la que, obviamente, no están incluidas las cantidades cobradas además por la inserción de publicidad institucional del Gobierno autonómico.

18 de junio de 2015

In extremis

Dolça Catalunya es un blog de autoría colectiva realizado, según ellos mismos han explicado, con las aportaciones de «casi un centenar» de creadores, que está haciendo muchísimo para desmontar la tupida red de falacias y estafas intelectuales del nacionalismo. Y es además uno de esos sitios de Internet donde tan enriquecedores resultan sus articulos o entradas, como los comentarios de buena parte de sus lectores. Tal es el caso de la reflexión que el firmante con el seudónimo ultronilimitado depositó el pasado 27 de mayo, a las 00:55, debajo de una información sobre tensiones internas en CiU tras el descalabro encajado por la formación en las recientes elecciones municipales:
«En mi opinión el independentismo solo es la forma que toma en Cataluña algo que está muy arraigado en toda España. […] En el fondo es una manifestación de las famosas dos Españas. Creo que existen dos formas totalmente antagónicas e irreconciliables de entender este país y mientras eso exista existirá [sic] el nacionalismo y el independentismo. Yo me he encontrado con gente que dice que le da vergüenza ser español hasta en Murcia. Gente que no puede ser nacionalista (y menos aún independentista) de sus respectivas regiones por cuestiones prácticas pero que tienen una mentalidad totalmente regionalista y de indiferencia, cuando no desprecio, a su propio país, […] En Cataluña como tenéis la lengua y otras cuestiones que permiten forjar una cierta diferencia con respecto a otras partes de España eso se manifiesta como nacionalismo/independentismo, y quizá ese desapego por España es más pronunciado».
Interesante. Confieso que nunca había contemplado el asunto bajo este prisma. Precisamente hacía pocos días acababa yo de escuchar en un famoso programa de radio la queja de una oyente, a quien la decisión de lucir una pulsera con los colores de la bandera española le había acarreado numerosos reproches de gente de su entorno, que la tachaban de facha. Y no se comunicaba precisamente desde Arenys de Munt, ni desde una aldea de cejijuntos en la Cataluña profunda. Tampoco desde Vascongadas. La increpada muchacha residía en la Villa y Corte de Madrid.

Esta imagen captada en Vilasar de Mar bien podría
ilustrar el enfrentamiento que se vive en el seno
de muchas familias, y no sólo en la sociedad
Un panorama que irremediablemente trae a la memoria los versos del poeta Joaquín María Bartrina (1850-1880), nacido en la tarraconense localidad de Reus, en una época distante pero al parecer, no muy distinta:
«Oyendo hablar un hombre, fácil es
Saber dónde vio la luz del sol.
Si alaba Inglaterra, será inglés;
Si os habla mal de Prusia, es un francés
Y si habla mal de España... es español».
No conozco ningún país del mundo en el que exista tanto desapego a la patria ―u odio visceral y psicopático, en según quienes― como aquí, donde se criminaliza el sentimiento patriótico y la exhibición de nuestro pabellón sólo es “tolerada” en edificios oficiales o con motivo de alguna victoria deportiva. Y a condición de que esta se celebre con brevedad. (¡Claro!, que tampoco tengo noticias de ningún lugar que haya erradicado de una parte de su territorio nacional la enseñanza en el idioma oficial; pero eso es harina de otro costal. Aunque ambos males parten de la misma raíz y están íntimamente relacionados).

Los reportajes, las películas y las series de televisión nos muestran una muy diferente realidad de los Estados Unidos de América, por ejemplo. Allí, su bandera colocada en un mástil ondea en el jardín de incontables domicilios particulares o en su fachada principal. Y muchos estadounidenses han optado por colocarse las archiconocidas barras y estrellas en forma de adhesivo en la carrocería de su automóvil, el casco de obra o la carcasa del ordenador portátil que cargan de un lado para otro en su devenir diario. Sin complejos, con naturalidad. Por lo que sabemos, no reniegan de su país ni podrán contemplarlo nunca como un difuso y abstracto concepto a combatir, al revés. Además de ser el lugar de su infancia y de sus primeros recuerdos, representa para ellos su sistema de valores, su estilo de vida y el orden constitucional que se han otorgado como única fórmula comprobada de convivencia y garantía de sus derechos y libertades. Justo lo contrario que nosotros.

Y es que no andaba desasistido de razón quien una vez sentenció que estamos suicidándonos como nación.

7 de octubre de 2014

Bestiario

Un nacionalista catalán es alguien que no quiere ser solidario con Cáceres pero pretende hacer creer que dentro de la Unión Europea, sí lo sería con Chipre.

... Es alguien que llama derecho a decidir (dret a decidir) a hurtar a los demás españoles su derecho a votar sobre cuestiones de soberanía nacional, que nos afectan a todos, como son: un cambio en la integridad territorial de España y en nuestro modelo de Estado, la modificación de nuestras fronteras, la reestructuración de los poderes legislativo y judicial, la disminución de nuestro peso político y económico en el mundo, el traspaso de titularidad de infraestructuras públicas pagadas por todos los contribuyentes, etc.

... Es alguien que se aprovecha de las sentencias judiciales y leyes españolas que le convienen, y se salta las que no.


Marcha de antorchas por el distrito de Sants-Pueblo Seco,
la pasada noche del 10 de septiembre en Barcelona
... Es alguien que planea violentar el orden constitucional, pero piensa que luego las potencias confiarían en Cataluña a la hora de establecer acuerdos y tratados internacionales.

... Es alguien que llama antidemócratas y fascistas a quienes respetan la legalidad.

... Es alguien que de ningún modo admitiría desobediencia ciudadana a las leyes y la Constitución catalanas en una Cataluña independiente.

... Es alguien que, con victimismo y dolido mohín, invoca el «derecho de autodeterminación de los pueblos», mientras se anexiona virtualmente territorios ajenos en eso que ha acuñado con el nombre de Països Catalans (‘Países Catalanes’) sin antes consultárselo a sus moradores: valencianos, baleares, aragoneses, murcianos, roselloneses, andorranos, alguereses.

... Es alguien que realiza marchas nocturnas con antorchas, pero que después se ofende cuando le llaman nazi.

... Es alguien convencido de que los mismos políticos que han hundido económicamente Cataluña y ni como mera Comunidad autónoma han sabido gestionarla, la harían rica y próspera tras la secesión.

... Es alguien que tiene colgada en el balcón una pseudobandera cubana algo ridícula; no consigue su objetivo, pero se la cagan las palomas cantidad.

... Es alguien que escribe Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Saragossa, Barbastre, Tarassona, Calataiud, Osca, Terol, Conca, Àvila, Sòria, Palència, Segòvia, Lleó, Cantàbria, Andalusia, Còrdova, Màlaga, Almeria, Cadis, Algesires, Múrcia, Jumella, Llorca, Iecla, Biscaia, Guipúscoa, Àlaba, Sant Sebastià, Vitòria, Càceres, Mèrida, Canàries, Gran Canària, Galícia, La Corunya, Santiago de Compostel·la, Astúries y Logronyo, pero se encoleriza con quien ose pronunciar Lérida o Gerona.

... Es alguien que llama ladrones a sus compatriotas, para luego sorprenderse de que los insultados dejan de comprar sus productos.

Al nacionalista se le reconoce fácilmente porque tiende a chillar que España “le roba”. Eso sí: no dice ni pío, ¡pero es que ni pío!, sobre lo mucho que le ha robado la banda de los Pujol.

1 de abril de 2014

¡Falta diálogo!

Cada día más voces claman a Mariano Rajoy que se siente a hablar con Artur Mas para encontrar cuanto antes una salida a su desafío secesionista. Nada de hacer cumplir las leyes, no, que eso es cosa fea y antidemocrática, propia tan solo de regímenes fascistas tan execrables como poco occidentalizados. Lo que urge es premiar a quien se ha sublevado contra el orden constitucional otorgándole categoría de honorable interlocutor y atendiendo sus exigencias.

Ni que decir hay que en el lenguaje de esa caterva de vendepatrias, separatistas encubiertos y algún que otro memo bienintencionado, el verbo dialogar significa indefectiblemente negociar. Y que por negociación entienden darle a la Generalidad todavía más privilegios de los que ya goza tras casi 40 años de mimosas concesiones (con el consiguiente menoscabo para el resto de Comunidades autónomas, claro está). ¿Y qué ofrecería Artur Mas a cambio? Pues deponer su actitud golpista.

Diálogo, y muy fructífero, es por ejemplo el que entablan el quinqui y su víctima. Un proceso por el cual esta acuerda aligerarse la cartera a condición de que aquel negocie no guardarle la hoja de su navaja en el quinto espacio intercostal. Pero todo muy dialogado y pactado, eso sí.

¿Y a cuánto ascendería el precio? Desde su agujero, la escritora argentina travestida de ultranacionalista catalana Patrícia Gabancho nos envía unas valiosas pistas dentro de un artículo titulado «Un almuerzo cualquiera»:
«Para comenzar, deberían poner sobre la mesa el concierto fiscal, la no aplicación de la Ley Wert, el blindaje de competencias (en la actualidad hay que añadir: ¡y del Ebro!), la restitución de la lengua en los Países Catalanes e intocable en Cataluña, y un pacto generoso de infraestructuras».

Tuit de Ramon Carner, presidente de la organización
separatista Círculo Catalán de Negocios (CCN), en la
víspera del sepelio del ex presidente Adolfo Suárez:
«La muerte de Suarez [sic] sólo indica que tenemos
un enemigo menos. Todavía quedan muchos en
nuestras instituciones. ¡Tenemos trabajo!»
Eso supondría una situación incluso mejor que la independencia misma, pues conlleva todas sus ventajas y ninguno de sus inconvenientes (quedar fuera de la Unión Europea y del euro, bajo el rigor de las políticas arancelarias y sin acceso a los mercados financieros ni respaldo del Banco Central Europeo, entre ellos). Algo así como ser un Estado situado bajo el paraguas de otro. Concierto fiscal, o sea: lo mío es mío y lo tuyo, también es mío. No aporto nada pero tu sigues sufragando gran parte de mis gastos. Y además me montas unas infraestructuras de aúpa. Yo seguiré beneficiándome de tu ejército, de tu vasta red diplomática por el mundo, y de cuantos otros servicios a mí me resultaría muy oneroso cubrir... así como, por supuesto, de todos aquellos tratados internacionales que firmaste. ¿La Constituqué? No, no, ni hablar de aplicar leyes que no sean las estrictamente emanadas de las instituciones nacionalistas catalanas. Ni sentencias judiciales que nos incomoden: blin-da-je de competencias. Un chollo, oigan.

Y lo de “blindar el Ebro” que dice esta, río nacido en Cantabria, de donde fluye a Castilla y León, para luego seguir, atravesando La Rioja, tierras de Álava, Navarra y Aragón, hasta que su caudal termina fundiéndose con el antaño llamado Mare Nostrum (‘Nuestro mar’) en un tramo del litoral de Tarragona, ya es de traca. Pero es que hacia ahí apuntan realmente las pretensiones de estos chantajistas, no es política ficción.

¿Y así se resolvería para siempre el problema? Pues tampoco. Ya lo avisa abiertamente y sin tapujos en otro pasaje de su pieza periodística (Nació Digital, 02-03-2014) esta catalana sobrevenida, aprovechando un momentito en que no estaba contando los 6.000 euros que el Ayuntamiento de Barcelona —regido por CiU— le pagó no hace mucho por entregar un par de informes: la claudicación de Mariano Rajoy ante la extorsión apenas retrasaría unos años la ruptura de España.

Sería pagar, y carísimamente, la prolongación de nuestra agonía. De hecho, así ha venido siendo hasta hoy: también se nos vendió durante la Transición que la fórmula autonómica colmaría definitivamente las ansias del nacionalismo. Y con ese mismo pretexto envolvieron todos los Gobiernos cada nueva transferencia y concesión que se le daba a Jordi Pujol. Y a Pasqual Maragall. Y fue ese también el canto entonado en 2006 para reformar el Estatuto de Cataluña. Y para seguir dándole más y más a Montilla. E incluso al propio Artur. Ahora vemos con qué resultados. Nunca nada será suficiente para ellos debido a una sencilla razón: porque sus objetivos no son otros que proclamar la secesión y anexionarse otros territorios («reunificación de la nación catalana»). Repitámoslo: no pararán hasta culminar su proyecto secesionista e imperialista. Hora es ya de que lo comprendamos.

Negociar con los sediciosos es, a todas luces, la más indigna, costosa, injusta... e ineficaz de todas las opciones posibles. Por eso es la que seguramente adoptarán, este presidente del Gobierno y el siguiente.

11 de julio de 2010

Reflexiones sobre el desfile

La Pasarela Barcelona albergó ayer la enésima pataleta del nacionalismo. Tras lo cual, he llegado a las siguientes conclusiones:
1.º Que la manifestación era contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto.
2.º Que los separatistas se la han apropiado y hecho creer que todos allí pedían la independencia de Cataluña.
3.º Que la Guardia Urbana, a las órdenes del Ayuntamiento gobernado por el PSC —uno de los convocantes—, ha cifrado la asistencia en un millón cien mil personas.
4.º Que la Ciudad Condal cuenta con una población de sólo 1.621.537 habitantes (datos del Instituto Nacional de Estadística, de 2009).
5.º Que con semejante ojo para los cálculos, como para fiarse de la Guardia Urbana cuando multa por exceso de velocidad a los conductores.
6.º Que en el referéndum, los separatistas votaron en contra del Estatuto, pero ayer salieron muy irritados a protestar por el minirecorte del TC.
7.º Que los organizadores desplegaron autocares semigratuitos para llevar a gente desde todos los rincones de la región.
8.º Que —según denuncia el partido Ciutadans— la organizadora de la manifestación Òmnium Cultural, ha recibido 7,6 millones de euros en subvenciones por su supuesto carácter como entidad «de utilidad pública», pese a estar dedicándose a fines políticos.
9.º Que la inmensa mayoría de cuantos protestaban ni siquiera se ha leído el Estatuto.
10.º Que ninguno de los manifestantes se quejó de la galopante corrupción autonómica.
11.º Que los separatistas intentan conseguir por las bravas lo que no ganan en las urnas, como hizo Mussolini mediante la Marcha sobre Roma, en 1922.
12.º Que quienes presumen de “demócratas”, exhibieron el lema: «El pueblo no acata».
13.º Que todos debemos acatar las leyes y sentencias, menos los nacionalistas.
14.º Que a Montilla casi le dan a probar de la misma “medicina” que muchos catalanistas nos llevan propinando durante años a quienes cometemos la osadía de no pensar como ellos.
15.º Que para ofenderle y vejarle, le gritaron: «¡charnego!».
Y la peor conclusión de todas: los españoles estamos cada día más enfrentados por culpa de estos políticos agitadores, que serán los primeros en huir por la frontera —con el dinero, por supuesto— si esto acaba en guerra civil.

7 de junio de 2010

A vueltas con los toros

Los políticos nacionalistas llevan décadas intentando prohibir en Cataluña las corridas. Y ahora se encuentran más cerca que nunca de conseguirlo.
1º) Estoy totalmente en contra de la fiesta de los toros. Considero que espectacularizar el sufrimiento de un ser vivo es inmoral, gozar con el dolor ajeno y, encima, cobrar entradas para presenciarlo nos degenera, nos devuelve como sociedad a la barbarie.
2º) A quienes defienden la tauromaquia alegando que es una tradición, les recordaría cómo la historia está llena de tradiciones inhumanas que han sido, afortunadamente, abolidas gracias al progreso. La esclavitud, la lapidación de las adúlteras, los galeotes, echar cristianos a los leones, las peleas de gladiadores, la crucifixión, la explotación infantil en minas y fábricas, quemar a los esquizofrénicos en la hoguera, el vasallaje, pedir permiso al rey para mantener un coito (de donde proviene la célebre voz inglesa fuck —Fornication Under Consent of the King, que los agraciados debían colgar en las puertas de sus casas durante el desfogue—, el derecho de pernada, o ponerles capirote a los tontos en los pueblos, son hoy sólo un mal recuerdo.
3º) De todas formas, siempre podríamos dar gusto a los defensores del toreo y evitar que se pierda tan “artística” tradición lidiándoles a ellos en el coso.
4º) La verdad es que los políticos de Cataluña no están impulsando esta iniciativa legislativa por piedad, no. Y la prueba la encontramos en que dentro de su articulado blindan los correbous (toros embolados), también atroces con el animal, pues consisten en prenderle las astas y hacerle correr entre los festejantes aterrorizado por las llamas, tradición que —ésta sí— consideran autóctona. El verdadero motivo de su cruzada cabe buscarlo en el profundo rechazo que los catalanistas sienten hacia todo lo que consideran símbolo de españolidad. La misma razón por la cual:
- Derriban repetidamente las vallas publicitarias del toro de Osborne instaladas en Cataluña. Cuando dan con ellas en el suelo, los autores las patean e insultan entre histéricas risotadas, según ellos mismos relatan luego en Internet.
- Gobernantes de la Generalidad (el más recalcitrante, el consejero de ERC Josep Huguet, conocido como el Lenin del Bages) han realizado varias tentativas de prohibición de la venta de figuritas de flamencas e imaginería taurina en las tiendas de souvenirs de la Sagrada Familia y Las Ramblas de Barcelona, para que ofrezcan sólo artículos puramente catalanes y —según argumenta— los turistas «no reciban la impresión de que están en España».
En definitiva: hipocresía, hipocresía e hipocresía. Hipocresía separatista de la de siempre. Que nadie se lleve a engaño.

16 de mayo de 2010

Humor catalán, no: humor catalanista

Mírenles, mírenles... no se sabe bien si son el Tricicle... o aquel antiguo trío cómico-musical, La Trinca, en horas bajas por la crisis y a punto de entrar a un bolo. La imagen, publicada por el diario NacióDigital.cat, corresponde al momento en que tres activistas presentaron anteayer en el Parlamento de Cataluña una solicitud formal para la celebración de un referéndum de independencia a nivel regional, análogo a los ya realizados extraoficialmente en 462 municipios catalanes.

Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. El mismo martilleo secesionista de siempre, el rayo que no cesa, como titulara a uno de sus poemarios Miguel Hernández. Lo curioso del caso es que estos tres, que atienden por Xavier Borràs, Miquel Angel Gràcia y David Vinyals —miembro de la coordinadora impulsora de las consultas—, argumentan que su petición responde «a una cuestión de dignidad nacional».

La verdad, no recuerdo haber leído u oído que ninguno de ellos, ¡ninguno!, en su abnegado ejercicio de defensa de esa dignidad “nacional” de Cataluña que tanto invocan, protestara enégicamente cuando se destapó que el gobierno del tripartito había encargado en 2007 la friolera de 1.583 informes —muchos de ellos absurdos, inútiles e impresos desde internet—, dentro de lo que la fiscalía está investigando como un posible y típico caso de corrupción institucional, de reparto a los amiguetes y asociados del dinero de todos los catalanes, así como del resto de los españoles también: más de 32 millones de euros en total. He aquí algunos de los títulos por los cuales hemos pagado astronómicas cifras:
-Diseño de un parchís y un puzzle de la casita de cartón recortable (¡verídico!, 11.368 €).
-Estudio para la implementación y diseño de una Diada del civismo a realizar en diferentes demarcaciones territoriales de Cataluña (11.832 €).
-Confección de tres juegos para móviles en catalán (6.858 €).
-Seguimiento de la concha brillante (11.990 €).
-Juegos on line sobre el mundo casteller (11.994 €).
-La ventilación natural de patios (6.896 €).
-Estudio, factores y manejo del cultivo de la chufa (11.965 €).
-Seguimiento del escarabajo de las palmeras (11.858 €).
-Estudio del murciélago Nana como control de la plaga de la mariposa del arroz en el delta del Ebro (2.328 €).
-Biografía selectiva sobre imaginación (5.480 €).
-O el siguiente, Estudio sobre el funcionamiento de los ambientadores, que concluía sus cuatro sesudas páginas de extensión con un trascendental e insospechado descubrimiento: «el olor de los ambientadores sale por la ranura de la parte superior» (1.392 €).
Nótese que ni uno solo de los citados supera los 12.000 euros, ya que, por ley, a partir de ese importe la adjudicación del estudio o dossier no puede hacerse a dedo y debe ofertarse en concurso público.

¡Y los de la foto, sin indignarse!