Anda la secta eufórica perdida porque un triunfante Carles Puigdemont se chulea ya en libertad. «El tiempo del diálogo ha llegado», declaró anteayer a los periodistas a su salida de la prisión alemana de Neumünster tras doce días de reclusión. Recordemos que en la terminología de los separatistas, dialogar es siempre sinónimo de doblegar al otro sin que ellos hayan rebajado jamás sus pretensiones ni ofrecido contraprestación alguna por las incontables cesiones extraídas del Estado desde los primeros tiempos de la Transición.
La Audiencia territorial de Schleswig-Holstein, que seguirá estudiando la solicitud de extradición del ex presidente por un presunto delito de malversación de fondos públicos, ha desestimado tramitarla por rebelión. Pues aunque considera que «como iniciador del referéndum» al ex presidente «se le puede imputar la violencia que tuvo lugar el día de la consulta», argumenta en un comunicado, «estos actos violentos no tuvieron la forma, la envergadura y el efecto suficiente como para ejercer tanta presión en el Gobierno y que éste tuviera que capitular». No encuentra por tanto correspondencia con el delito de alta traición, severamente castigado en su legislación. Pero ¿es esto así?
Dejando de lado la obviedad de que la violencia ejercida con una fuerza capaz de derrocar una democracia a menudo conlleva la imposibilidad de enjuiciar a los traidores porque estos consiguieron subvertir la legalidad, lo que el Código Penal alemán, en su artículo 81, contempla como «alta traición» es lo siguiente (compárese con el delito de rebelión en nuestro ordenamiento:
«Alta traición contra la Federación(1) Quien intente con violencia o por medio de amenaza con violencia,1. perjudicar la existencia de la República Federal de Alemania.2. cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de la República Federal de Alemania, será castigado con pena privativa de la libertad de por vida o con pena privativa de la libertad no inferior a 10 años.(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de un año hasta 10 años».
Y bajo el título «Alta traición contra un Estado federal», establece el artículo 82:
(1) Quien intente, con violencia o por medio de amenaza con violencia,1. incorporar el territorio de un Estado total o parcialmente a otro Estado de la República Federal de Alemania o separar una parte de un Estado o,2. cambiar el orden constitucional que se basa en la Constitución de un Estado, será castigado con pena privativa de la libertad de uno hasta 10 años.(2) En casos menos graves la pena privativa de la libertad es de seis meses hasta cinco años».
No se menciona nada acerca del grado o intensidad de fuerza necesaria. Pero el tribunal, que dice basar su decisión en la jurisprudencia, remite a la sentencia del Tribunal Federal que revocó la condena de Alexander Schubart por coerción al Gobierno, un líder ecologista que en 1981 había promovido el bloqueo del aeropuerto de Fráncfort con miles de manifestantes para impedir la ampliación de sus pistas. «Perseguían el objetivo de ejercer una presión política tan masiva sobre el Gobierno del Estado federado de Hesse que debería sentirse obligado a cancelar el proyecto», sostiene el comunicado, pero «los disturbios en el aeropuerto no fueron adecuados para obligar al Gobierno de Hesse a cumplir con las demandas de los acusados». Y fingen los magistrados teutones que es análogo al caso de Puigdemont y sus secuaces, quienes han dado un golpe de libro, meticulosamente planeado y ejecutado por fases en lo que fue el alzamiento de una parte del Estado, la Generalidad con los numerosos recursos bajo su control y el cuerpo armado de los Mozos de Escuadra, contra el Estado, desobedeciendo todas las advertencias y sentencias previas del Tribunal Constitucional, y culminándolo el pasado 27 de octubre con una declaración de secesión que muy bien podría haber provocado una guerra civil.
Profesora del Instituto Santa Eugenia, de Gerona, esteverano, en lo que es ya una imagen habitual
Los relatores especiales son expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos para examinar e informar sobre la situación de un país o un tema específico que ejercen su labor voluntariamente, sin retribución económica alguna. Profesor de Derecho en la Universidad de California y ensayista, Kaye ha querido encuadrar la actuación de los procesados dentro de «los derechos a las protestas públicas y la disidencia», así como de «la libertad de expresión», que según nos recuerda, «es la piedra angular de toda sociedad democrática y libre y así lo seguirá siendo después de que las actuales controversias políticas desaparezcan». Se ha mostrado «preocupado» por el asunto e insta a nuestras altas instituciones a dialogar. No insta a los totalitarios a cumplir las leyes, no; sino a los demás a que les premiemos con nuevas concesiones el que hayan roto la convivencia, pues al parecer cargamos con el inexcusable deber de tener que acomodarnos a las imposiciones dictadas por una minoría levantisca que no se quiere adaptar:
«Tengo la esperanza de que España desplegará sus instituciones democráticas para fomentar un espacio de debate y que encontrará herramientas creativas para abordar el diálogo y la reconciliación en la actual situación política».
En definitiva, que nos dejemos extorsionar. No preocupa al señor Kaye sin embargo el adoctrinamiento infantil en Cataluña, que conculca el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el artículo 14.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño:
«Los Estados Partes respetarán el derecho del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión».
Un adoctrinamiento denunciado incluso ante la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (por UPyD) con un nutrido informe. Ni se ha pronunciado tampoco sobre la imposibilidad para los alumnos castellanohablantes de escolarizarse en español en esta región, a pesar de que los informes de la UNESCO, el organismo para la Educación, la Ciencia y la Cultura de Naciones Unidas, concluye que los niños escolarizados en su lengua materna tienen más probabilidades de desarrollar habilidades de alfabetización y sufren menos fracaso escolar.
Diríase que las multimillonarias cifras del dinero de nuestros impuestos que la Generalidad lleva años destinando a propagar internacionalmente su relato falsario, victimista y llorón (más de 29 millones euros solo en 2017), cuando no directamente a comprar voluntades y editoriales en la prensa extranjera, están dando sus frutos.
